Evidentemente, el tema ya supera el marco ideológico: el sistema previsional argentino no sólo está en crisis, sino que corre el riesgo de estallar a corto plazo.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, se supuso una “avanzada neoliberal” el intento de instalar el debate acerca de subir la edad jubilatoria; ahora, en pleno cuarto capítulo de lo que algunos llaman un gobierno “nacional y popular”, la posibilidad vuelve a latir. “En algún momento, esa discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual”, aceptó el actual ministro de Trabajo de la Nación. Renace así, pues, la idea que algunos estudios vienen madurando: aumentar a 67 años la edad de los hombres para jubilarse, y a 65 la de las mujeres.

El índice mundial de pensiones, de la consultora internacional Mercer, considera que la sustentabilidad a futuro del sistema argentino no está asegurada si la situación continúa como hasta hoy.

Dicho índice mide los sistemas jubilatorios con base en tres subíndices: adecuación, sustentabilidad e integridad. En la tabla, Argentina es superada por los principales países latinoamericanos y se encuentra muy por detrás de las naciones europeas líderes, como Holanda, Dinamarca y Finlandia, y de Australia, que suele mostrar su desarrollo y modernidad en estas comparaciones.

Contra lo que algunos podrían sospechar, el mencionado índice no representa una operación internacional a favor de la privatización de las jubilaciones en todo el mundo. En el caso de Chile, por ejemplo, país que implementó en los años ochenta el esquema de la administración privada de los fondos de pensión (parecido al que fracasó estrepitosamente en Argentina), se advierte que es un momento oportuno para adecuar el sistema y mejorar la relación entre el nivel de beneficio relativo y el nivel de ingreso.

La principal dificultad que se detecta a nivel continental es una crisis social y económica de larga data, agravada por la también constante inestabilidad política. Argentina se muestra como todo un paradigma en ambos aspectos, dada su pobreza estructural, sus necesidades financieras y los cambios bruscos de dirección de la Casa Rosada.

Esa explosiva combinación ha impedido hasta aquí que el tema de las jubilaciones sea discutido en el más alto nivel técnico en un marco político institucional que posibilite concretar lo que se logre consensuar entre los actores, y mantener la decisión en el tiempo.

Sin la plataforma que significa un amplio consenso político que le dé a la economía un rumbo claro y sostenido que redunde en un crecimiento real, no habrá sistema jubilatorio que pueda hacerle frente al envejecimiento poblacional.

La pregunta del millón es cómo hará una menor cantidad de trabajadores para soportar un mayor número de jubilados. Al margen de prejuicios ideológicos, es una buena señal que referentes de los dos sectores políticos mayoritarios coincidan en la necesidad de abrir las puertas a un debate nacional impostergable.

La discusión será compleja, sin duda, con las trabas, las polémicas y los conflictos que ya conocemos; pero debe darse, sin privilegios para nadie.