El proceso de inmunización contra el coronavirus en la Argentina y en Formosa crece de la mano del arribo de nuevos lotes de vacunas que permiten ir completando las segundas dosis pendientes, por ejemplo, de AstraZeneca. Cada vez más cerca de alcanzarse la anhelada inmunidad de rebaño, sin embargo, persisten en su actitud quienes rechazan la vacunación. Este sector, aunque resulte inconcebible, tiene actualmente, además de militantes en las redes sociales, referentes en los primeros planos de la política nacional.

Debido a la fuerte campaña antivacuna que hubo a principios de año, muchas personas tomaron en su momento, y en algunos casos mantienen aun hoy, la decisión de no ponerle el brazo a ninguna sustancia atenuadora del COVID-19. A raíz de ello, hace un par de meses, nada menos que la Unión Industrial Argentina sugirió penalizar a los trabajadores/as que opten por no vacunarse.

Fue el propio presidente de la entidad, Daniel Funes de Riona, quien tras explicar que la pandemia había dejado un saldo muy negativo para la actividad, propuso que aquellos empleados/as que no quieren vacunarse “no deberían presentarse a sus puestos de trabajo y, por lo tanto, no tendrían que cobrar sus salarios”. La idea era minimizar el riesgo de transmisión del virus dentro del ámbito laboral.

Estallada la polémica, especialistas del ámbito de la salud salieron a aclarar que, en el país, no es representativo el grupo de personas que elige no vacunarse. Y agregaron que, en lugar de penalizar, la mejor estrategia para mejorar las coberturas de inmunización son los incentivos y el acceso a la información sobre los estudios de eficacia y seguridad de las distintas formulaciones que se aplican.

A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, o de algunos países europeos, en la Argentina es minoritario el grupo que milita en contra de las vacunas contra el COVID-19, aunque, como hemos dicho, tiene al menos un referente importante entre los canditados/as en campaña a nivel nacional.

No obstante el enojo que produce esta actitud negacionista, por los riesgos que conlleva, hay de por medio un dilema ético: las vacunas contra el Sars-CoV-2 no son obligatorias porque, en el mundo, han conseguido su autorización en el uso de emergencia. Por lo tanto, no se puede penalizar a quienes no quieran colocársela. Aparte, el salario es un derecho fundamental de las personas que les garantiza, entre otras cosas, el alimento. No es lo mismo que privar a alguien de entrar a un restaurante o a una cancha de fútbol.

Por lo tanto, el camino sigue siendo el de la persuasión. Es más efectivo incentivar que castigar. La población debe tener acceso a la información, a los estudios de eficacia y seguridad de todas las vacunas. Y saber que, en la historia, éstas ha sido una herramienta fundamental para combatir enfermedades como sarampión y poliomielitis.

También resulta propicio desenmascarar a dirigentes y actuales aspirantes a cargos legislativos que sigilosamente hacen campaña en contra. A esta gente -poca pero influente de pronto- no debería resultarle gratuito atentar contra la salud pública.