Lo que hace unos años pareció un soplo de aire fresco en términos de perseguir judicialmente los actos de corrupción en la administración pública acabó con unos pocos exfuncionarios nacionales apenas con prisión preventiva y varias causas paralizadas cuyo destino final -a la luz de la incertidumbre política que generaron las PASO- es una incógnita.

Pero si bien el estancamiento de las investigaciones se hizo más evidente este año, un relevamiento encargado por el Consejo de la Magistratura de la Nación hacia mediados de la gestión Macri ya mostraba datos alarmantes: casi la mitad de las investigaciones por supuestos hechos de corrupción estaban demoradas.

Aquel trabajo estuvo enfocado en la actuación de los famosos jueces de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede judicial por la que desfilan habitualmente exfuncionarios del kirchnerismo, empresarios, sindicalistas y numerosos personajes reconocidos, entre ellos miembros de la farándula porteña.

La situación, sin embargo, que conspira contra la credibilidad de la Justicia, trasciende la esfera de la capital del país. En muchas provincias, por no decir en la mayoría, los casos de corrupción denunciados corren un camino similar al señalado. Las causas parecieran desvanecerse, inclusive aquellas que involucran a políticos no afines al poder de turno.

Esto lleva a que la sociedad mire con sospecha la inacción o el estudio de los tiempos de algunos jueces a la hora de avanzar o frenar las causas que están bajo su órbita. Hay jurisdicciones en las que existen fueros anticorrupción específicos, pero éstos tampoco generan credibilidad en los ciudadanos.

Volviendo a la auditoría encargada en su momento por el Consejo de la Magistratura nacional, lo que se pudo determinar ahí es que la demora en muchas causas se debe a la abulia, la impericia o al tráfico de influencias y la manipulación política, según indicaron fuentes judiciales.

Al momento de llevarse a cabo esta investigación, en Comodoro Py existían más de mil expedientes abiertos por casos de corrupción. En ellos están involucrados funcionarios, exfuncionarios y empresarios que, en la mayoría de los casos, prestaron declaración indagatoria, previo a haber sido imputados. Sin embargo, cerca del 50 por ciento de estos sumarios estaban pendientes de resolución.

Y un dato peor: más de las tres cuartas partes de los imputados o denunciados no habían sido citados aún a declaración indagatoria, lo cual significa que los jueces no habían hecho nada hasta ese momento, ni siquiera convocar a los involucrados. Todo esto hacia fines de 2017. Poco cambió en adelante, al margen de algunas citaciones rimbombantes.

Un juez es la garantía final de libertad y de protección de los derechos de un ciudadano. Y si ese juez es moroso para resolver este tipo de causas, a ese ciudadano de a pie le asiste el derecho a desconfiar.

La actuación de los magistrados vuelve a estar hoy bajo la lupa de la sociedad, aunque algunos sigan sin tomar nota de una situación que atenta contra un principio fundamental de la República: la independencia de los poderes del Estado.