José Miguel Ángel Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación, aseguró a La Mañana que la versión actual de la ley de Bases que impulsa el oficialismo nacional, y que obtuvo dictamen de Comisión en la Cámara Baja del Congreso, es “reducida” con respecto al texto original, que tenía más de 600 artículos, pero afirmó desconocer qué aspectos del proyecto serán sancionados en Diputados y luego enviados a los senadores.

En paralelo, evaluó que si bien la ley hoy tendría 33 votos en contra y bastaría con la oposición de cuatro senadores más para rechazar esa iniciativa, UxP acompañará aquellos aspectos de la ley que sean “racionales”.

“Los equipos del Senado ya están trabajando en este tema. Están observando qué va a quedar de esta ley. Hay que ver en Diputados, en el debate de los artículos en particular, qué sucede con la reforma laboral, las empresas públicas, el sistema previsional, el sistema de seguridad y todo lo que tiene que ver con la pretensión del Presidente de manejar el Estado de forma discrecional”, declaró.

“Milei dice que el Estado es una organización criminal con la cual hay que terminar, y lo mismo piensa de los Estados provinciales. Es un desquicio con respecto a lo que dice la Constitución Nacional, con el orden político, económico y social del país; y esto se refleja en su proyecto de ley”, opinó.

En este sentido, Mayans aseguró que la ley de Bases propone generar “un Estado vacío, que no tenga nada que ver con la educación, ni Primaria, ni Secundaria ni Universitaria”. “Lo que sucede es que hay leyes. La Constitución Nacional crea la enseñanza obligatoria para las provincias, por ejemplo, y una ley establece que debe afectarse el 6% del Producto Bruto Interno al Sistema Educativo argentino”, acotó.

Por ello, el senador remarcó la importancia de la educación pública y expuso su rechazo a la iniciativa de destinar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al pago o financiamiento de deuda del Estado nacional.

Seguidamente, el legislador precisó que el Gobierno de Formosa debe abonar hoy 5.700 millones de pesos por mes para poder recibir la energía eléctrica por parte de los proveedores mayoristas, y que este incremento se debió a la decisión nacional de quitar subsidios al costo de la electricidad.

“Al liberar los precios, hicieron ‘cualquier cosa’ con los precios de la energía, de las prepagas y de los medicamentos. El DNU 70/2023 ‘atropella’ el estado de derecho en la Argentina”, apuntó.

Por otro lado, el legislador consideró que las medidas que está impulsando Javier Milei forman parte de un programa elaborado por un equipo de exfuncionarios de la gestión de Mauricio Macri y que consiste en “déficit cero a cualquier precio”.

A su vez, evaluó que el “precio” del superávit fiscal y comercial logrado por el Gobierno nacional durante el primer trimestre de 2024 fue un crecimiento de “16.000 millones de dólares de la deuda pública”.

También mencionó que la Nación le debe a Formosa y a otras provincias montos correspondientes a convenios destinados a cubrir los déficits de las Cajas de Previsión de distintas jurisdicciones, y que la deuda de la Administración Nacional de Seguridad Social con nuestro distrito asciende a 30 mil millones de pesos, mientras que las “restricciones de giro” a Formosa representan un total de 150 mil millones de pesos.

A continuación, Mayans dijo que la gestión nacional “paralizó” las obras públicas que financiaba y que incluían proyectos “estratégicos”, como “caminos, desagües cloacales y extensión de energía eléctrica”.

Reelección indefinida

La Corte Suprema de Justicia le dio 60 días de plazo al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y también a la fiscal de Estado de la Provincia, Stella Maris Zabala, para que formulen un descargo sobre la reelección indefinida del mandatario, por un amparo solicitado al máximo tribunal por el Frente Amplio Formoseño para declarar la inconstitucionalidad del Artículo 132 de la Constitución Provincial.

En lo vinculado a este tema, José Mayans expuso que la reelección indefinida establecida por la Carta Magna de Formosa abarca a todos los cargos electivos en la provincia, siempre que sean “votados por la gente”, que el trabajo que desarrolla el Gobierno de Insfrán es “permanente” y que “desconoce” la decisión que podría tomar la Corte Suprema acerca de este tema, pero subrayó que el artículo mencionado sólo podría ser modificado a través de una Convención Constituyente.