Mientras la gestión presidencial de Javier Milei insiste con la aprobación de la denominada “ley Ómnibus”, desde el MoCaFor (Movimiento Campesino de Formosa) y el FNC (Frente Nacional Campesino) no sólo salieron a rechazar esta iniciativa, sino también el DNU 70/23 y pusieron la mirada en uno de los puntos que consideraron álgidos del paquete por modificar y/o derogar: la Ley de Semillas, ya que según consideran, apunta a “la entrega total de las semillas a las grandes corporaciones internacionales, a los gigantes de la transgénesis”, y que su aprobación sería “un atentado a la producción campesina y a la soberanía alimentaria”.
Entre las grandes corporaciones nacionales e internacionales que siempre aspiraron a la modificación de la Ley de Semillas en Argentina se encuentran las dedicadas a la edición génica de las semillas: Bayer-Monsanto, Corteva: Dow, DuPont, Pioneer, ChemChina (Syngenta), Limagrain, Don Mario y Bioceres, entre otras tantas.
En diálogo con La Mañana, Benigno López, referente del MoCaFor, arrancó marcando que “lo que está en juego es trascendental: quien controla las semillas controla la cadena agroalimentaria y, por lo tanto, la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
Es por ello que entienden que se trata de una “avanzada muy fuerte de parte de las corporaciones multinacionales especialmente; interesadas en concentrar o tener una mayor concentración de las semillas, y para eso pretenden las modificaciones a la vieja Ley de Semillas que tenemos en Argentina, que es la que nos permite a las familias campesinas y productoras, multiplicar semillas nativas/criolla, es la que nos permite intercambiar, que se pueda volver a usar, y en el caso de los medianos productores, incluso los que producen para exportación, que puedan reutilizar semillas de sus propios cultivos”, explicó el referente campesino.
Al hacer referencia a lo que implicaría esta modificación a la normativa, López remarcó que “este método de patentamiento de todas las semillas implica directamente la privatización total de las semillas. Eso es lo que impulsa el gobierno de Milei a favor de las grandes corporaciones. Esto perjudicaría fuertemente a todos los medianos productores, especialmente a los pequeños productores agropecuarios, a los pequeños agricultores de todo el país. Nos veríamos muy perjudicados si esto avanza, si los diputados le dan su voto para que esto sea aprobado”, enfatizó.
Al ser consultado sobre qué ocurriría en el hipotético caso de que el presidente consiga su objetivo con el proyecto de la Ley Ómnibus, reconoció que “estaríamos atados de pies y manos en esto que es lo básico, lo fundamental para la agricultura y la alimentación: la semilla. Su aprobación sería un retroceso muy grande, y sería un desastre para los pequeños y medianos agricultores de todo el país, de toda la Argentina, porque en distintas provincias todavía quedan semillas nativas. Las hay en el NOA, en el NEA. Las semillas criollas o nativas hacen que se pueda seguir produciendo sin un costo tan elevado”, señaló para recalcar que la pretendida modificación de esta normativa “va también de la mano con la extranjerización de la tierra”.
“A nosotros nos queda claro que las grandes corporaciones vienen por todas las tierras cultivables de Argentina. Tierras que hoy están en manos de pequeños agricultores especialmente y de medianos agricultores, pero que también están en manos de los pueblos originarios. Así que esta es una avanzada muy, muy pesada, muy fuerte, y ojalá los diputados no aprueben eso”, consignó el referente del MoCaFor, para remarcar que se encuentran “en contra de todo esto. Nosotros estamos todavía gracias a la multiplicación de semillas, por la diversificación, por el intercambio, por volver a utilizar la semilla de producción propia y para que no caigamos en esta trampa que hace ya varios años están intentando estas corporaciones”.
Para el Frente Nacional Campesino, tanto el DNU como la ley Ómnibus “son regresivos en derechos”
Desde el Frente Nacional Campesino (FNC) adhirieron al paro nacional del 24 de enero que fuera convocado por las centrales sindicales, movimientos sociales, y otros sectores populares del país. Al mismo tiempo, expresaron su “total y enérgico rechazo, en todas sus partes, al DNU 70/23 y al proyecto de ley Ómnibus”.
A través de un documento señalaron que ambas iniciativas “son regresivas en derechos, constituyen graves atropellos contra los derechos humanos, son muy perjudiciales para los intereses de las familias campesinas, de los pueblos originarios, de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de los pescadores artesanales de nuestro país”. En ese mismo marco, rechazaron “enérgicamente las modificaciones que se pretenden hacer en las siguientes leyes: Ley 26.737, de Protección de Tierras Rurales; Ley 26.331, de Bosques Nativos; Ley 26.562, de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema; Ley 24.992 Federal de Pesca; Ley 26.639, de Glaciares”.
“Nos solidarizamos con todos los sectores perjudicados por el DNU y la “Ley Ómnibus: trabajadores del estado; trabajadores de empresas privadas; de ciencia y tecnología; de la cultura; trabajadores de la salud; de la educación; de la economía informal; trabajadores desocupados; estudiantes; PyMES; agricultores familiares; familias sin techo y familias que pasan hambre. El DNU y la Ley Ómnibus tienen por objetivo eliminar derechos conquistados; facilitar mayor concentración de la riqueza a pocas corporaciones económicas nacionales y extranjeras en desmedro del pueblo argentino y a entregar la soberanía nacional al poderes facticos globales”, enfatizaron finalmente.