Después de cinco años, los Bancos argentinos retomaron en abril la oferta de créditos hipotecarios. Se trata de préstamos para comprar inmuebles destinados a vivienda, que se ajustan por inflación, ya que están expresados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Esta es una opción que había sido suspendida, entre otras cosas, debido a la falta de rentabilidad generada por la alta inflación. No obstante, son numerosos los grupos familiares que tienen ingresos que se ubican por debajo de la línea de pobreza y no están en condiciones de acceder a esos créditos, por lo cual aún falta “mucho por hacer” a nivel nacional y en las diferentes provincias para lograr que más personas puedan acceder a la casa propia.
En la reciente investigación “El Sueño de la casa propia. Pasado, presente y futuro del crédito hipotecario en Argentina”, del licenciado y economista Federico González Rouco, se destaca la problemática histórica del acceso al crédito hipotecario en el país. Se estima que hay cuatro millones de hogares con problemas habitacionales en la Argentina. A su vez, de acuerdo con los datos del último Censo de población y vivienda de 2022, solo el 65% de la población argentina es propietaria de su vivienda, una disminución de 10 puntos porcentuales desde 2010.
De acuerdo al Instituto para el Desarrollo Social Argentino, si se analizan datos de la Encuesta Permanente de Hogares que muestran la situación en los 31 aglomerados urbanos más grandes del país, se puede observar que en el 2004 el 75% de las familias eran propietarias de su vivienda, mientras que en el 2020 se habían reducido al 70%. También, en el 2004 el 15% de los hogares alquilaba, proporción que sube al 20% en el 2020; y el 10% restante de las familias se mantienen en la calidad de ocupantes, que pueden ser legales (ocupan con permiso del propietario) o ilegales (invasión de propiedad).
Estos datos muestran que las dificultades para el acceso a la vivienda propia vienen de hace un largo período de tiempo, y que no se resolvieron con el buen momento económico que tuvo el país entre el 2004 y el 2012. Esto significa que es un problema estructural.
El IDESA evalúa que una política de vivienda adecuada tiene que basarse en los siguientes pilares: reducir drásticamente la inflación a niveles de un dígito anual, para reconstruir el crédito hipotecario y sostenerlo en el tiempo; realizar fuertes inversiones en servicios básicos como redes de agua potable y de electricidad, para multiplicar los terrenos habitables y así bajar el precio de la tierra urbana; y promover la adopción de las nuevas tecnologías en la edificación de casas industrializadas, que son de más rápida construcción y más económicas.
Se requiere una estrategia macroeconómica y de largo plazo para desarrollar planes de construcción de viviendas que se mantengan en el tiempo. Esto implica el compromiso de las autoridades, y de todos aquellos sectores involucrados en la generación de soluciones habitacionales.