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Convocatoria pendiente



Hace dos décadas, el Gobierno provincial, o más bien quien se hallaba al frente de un organismo que hoy ya no existe -la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo (Seplade)- hizo un esfuerzo por dar cumplimiento al artículo 155 de la Constitución formoseña, iniciando una serie de contactos para crear el Consejo Económico Social. Aquel intento del doctor Juan Carlos Díaz Roig, coherente con lo que él mismo apoyara como convencional constituyente en la reforma de 1991, no sólo no dio frutos aquella vez, sino que no volvió a repetirse hasta el presente, por lo que dicho Consejo (debe estar integrado por “los representantes de los sectores de la producción, del trabajo, de los profesionales, entidades socio-culturales…”, según nuestra Carta Magna) nunca funcionó hasta ahora.

Pero este desinterés por reunir a los distintos sectores representativos de la comunidad en un órgano de consulta y asesoramiento de los distintos poderes públicos en el campo social y económico, no es patrimonio formoseño ni mucho menos. Cada provincia ha tenido o tiene problemas para la conformación, y el mismo Gobierno nacional ha dado sobradas muestras de indiferencia o debilidad a la hora de la convocatoria. Pasó con el matrimonio Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández, y ni hablar de Javier Milei, a quien ni se le cruza por la cabeza consultar a quienes piensan distinto.

El ciclo interminable de crisis económicas y sociales de la Argentina obliga a los distintos sectores a buscar puntos en común y a ceder en sus posiciones. El primer gesto corresponde al Estado nacional, pero con racionalidad, no a los atropellos. La Argentina necesita reducir y hacer más eficiente el gasto público en todos los niveles del Estado, sin perder sensibilidad social.

También las y los empresarios están obligados a hacer su aporte, pues será imposible desarrollar un mercado interno si hay una pérdida constante de poder de compra. Esta variable genera un achicamiento de la demanda y, por ende, un mercado doméstico escuálido.

Le cabe al Estado, asimismo, alentar una mayor competencia en determinadas actividades. Si los cambios facilitan nuevas inversiones en sectores concentrados, habrá una mayor oferta de bienes y servicios.

Por último, el legítimo derecho de los trabajadores/as de una mayor participación en la renta nacional no puede concretarse a partir de posiciones cerradas. Los hombres y las mujeres del trabajo deben aceptar también discutir aspectos centrales en el marco de una economía global, que genera cada vez mayores competencias y desafíos.

Si cada sector cede una parte de sus ambiciones, el corolario será un cambio impositivo para aliviar la carga sobre las empresas, el mundo del trabajo y las familias. Pero esa reducción de la carga tributaria exige una mejor distribución de los ingresos para evitar que éstos se concentren en los centros próximos al puerto de Buenos Aires.

El país necesita con urgencia este acuerdo económico y social para dejar atrás la carrera de precios y salarios, sentar las bases de un plan de expansión creíble y tender a una mayor igualdad social.



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