En medio de la fuerte tensión que atraviesa al Ministerio de Capital Humano, por una veintena de renuncias y denuncias cruzadas con los movimientos sociales, el Gobierno decidió, a través del Boletín Oficial, retirar la autorización para funcionar y disolver a 8585 cooperativas y 672 mutuales. Las primeras han sido objeto de sospecha por el exponencial crecimiento de durante los últimos cuatro años, en los que pasaron de unas 9500 a 23.836, más del doble.

Sobre este total que recibió la gestión de Javier Milei, la decisión deja fuera de operación al 36% de las entidades existentes. Una decisión similar se tomó sobre las mutuales, entre las que están las asociaciones vinculadas a varios sindicatos. Dejarán de funcionar 672. Más allá del enfrentamiento entre el oficialismo y las agrupaciones, a las que muchas cooperativas están asociadas, esta “limpieza” se ha hecho en gobiernos anteriores. De acuerdo a un primer análisis de LA NACION, no están incluidas en el listado las principales entidades de exfuncionarios como Emilio Pérsico o referentes como Juan Grabois.

La Resolución 1364/2024 es consecuencia de las instrucciones de sumario que se iniciaron el 25 de marzo de este año. En aquella medida se dispuso que cerca de 11.000 cooperativas se suspenderían por incumplir los procesos de actualización de datos correspondientes, por omisión de presentar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) la documentación asamblearia y los estados contables. Por ello se solicitó a las cooperativas a que en 10 días hábiles, se presenten para ejercer su derecho a defensa y regularizarse. Ese plazo comenzó a correr a partir del 3 de abril.