En un intento por acelerar los tiempos, el oficialismo comenzó a circular entre los senadores de la oposición dialoguista un primer borrador de dictamen de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal que incluiría muchos de los cambios solicitados durante el debate de las iniciativas en comisiones de la Cámara alta.

La intención del Gobierno es tratar de firmar dictamen esta misma tarde a ambos proyectos en una nueva reunión del plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, que pasó a cuarto intermedio después de una breve reunión esta mañana.

Sin embargo, la meta parece complicada ya que los legisladores más activos a la hora de pedir modificaciones, como el radical Martín Lousteau (Capital), aún no tuvieron acceso a la redacción de los artículos que el Poder Ejecutivo habría accedido cambiar y tampoco recibieron.

Además, siguen en rebeldía varios legisladores que no estarían dispuesto a apoyar los despachos de comisión, como el radical fueguino Pablo Blanco, la neuquina Lucila Crexell y el santacruceño José María Carambia, quien ni siquiera apareció por el plenario de comisiones.

Con el faltazo de Carambia, el oficialismo deberá convencer a alguno de los díscolos para lograr el despacho de comisiones de la Ley Bases. Su ausencia fortalece al kirchnerismo, que tiene un piso de siete senadores y se muestra, por ahora, inquebrantable.

De hecho, tras el cuarto intermedio pedido por los libertarios y ante la certeza de que irían en busca del dictamen, el formoseño José Mayans (UxP) escoltó al peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos) hacia su despacho. Para contrarestar esta jugada y cerrar filas para la firma del dictamen, el salteño Juan Carlos Romero (Salta) apuró una cumbre con Carlos Mauricio Espínola (Corrientes), compañero de bancada del entrerriano. En este contexto, cualquier movimiento inclina la balanza.

En su intervención durante la reunión plenaria, Kueider desbarató la intención del oficialismo. Pidió tratar aparte el capítulo administrativo así como el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Según los borradores que empezaron a circular esta mañana, el Gobierno aceptaría excluir a varios organismos públicos de las facultades de intervenir, fusionar o cambiar funciones que le otorgaría el artículo 3 de la Ley Bases. En primera línea, en esa nómina figuran el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Senasa y la Administración de Parques Nacionales (APN), entre otros.

También estaría aceptando cambios en el régimen de blanqueo de activos, excluyendo del programa a quienes hayan sido funcionarios públicos en los últimos diez años, el texto aprobado en Diputados decía 5, y de sus hermanos. Además, se bloquearía el ingreso hasta el año 2038 a planes similares a quienes adhieran al programa, al tiempo que se incrementaría al 20% la alícuota de Bienes Personales a quienes participen del blanqueo.

En el borrador se incluyen cambios en el monotributo social, que el expediente que giró el Senado elimina.

Ganancias

En cuanto al impuesto a las ganancias, habría hasta ahora una modificación para permitir descargar del impuesto el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios. En este tema, el Gobierno no aceptó los reclamos de trato preferencial realizado por las provincias patagónicas, por lo que es difícil que pueda evitar que la restitución del impuesto sea eliminada en el Sanado. Confían en que podrán reunir la mayoría necesaria para revertirlo cuando el texto vuelva en segunda revisión e Diputados.

Respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se modificará la cláusula que declaraba nula de nulidad absoluta las medidas adoptadas por las provincias que se opongan o vayan en detrimento de los beneficios que otorga el programa y se agregaría una mención a la necesidad de que los emprendimientos fomenten el desarrollo de la cadena de producción local.

El apoyo a la industria local formará parte de los requisitos que deberán cumplir los proyectos al momento de postularse para acceder al RIGI y una cláusula que permitiría rechazar el emprendimiento si este produjeses una distorsión en el mercado local y que los beneficios cambiarios empezarán a regir desde el momento en que se ponga en marcha el proyecto y no desde su inscripción en el programa.

A pesar de la reticencia a acompañar la privatización total del Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino por parte de muchos referentes de la oposición dialoguista, el Gobierno se mostró reacio a dar el brazo a torcer en este punto. No obstante, es probable que en el recinto se fuercen estas modificaciones durante la votación en particular.