Los vaivenes de la Justicia en la consideración de los derechos humanos frente al delito se ven reflejados en el caso Chocobar, el policía cuya condena a dos años de prisión en suspenso por “exceso en el cumplimiento del deber” acaba de ser anulada por la Cámara Nacional de Casación, que ordenó un nuevo juicio al uniformado que en 2017 mató por la espalda a un joven delincuente en el barrio porteño de La Boca.

Es interesante observar, por cierto, no sólo cómo un mismo hecho puede ser visto de dos maneras diametralmente opuestas (Chocobar culpable, Chocobar inocente), sino además de qué manera la formación ideológica de quienes se encuentran transitoriamente en el poder influye en las decisiones judiciales. Sería demasiado ingenuo pensar que los vientos en los tribunales cambian de dirección por casualidad.

Es común que se endilgue la causa de la delincuencia a los abogados/as que expresan defender los denominados derechos humanos. Pero sucede que al manifestar esa acusación, surge en forma inmediata la conciencia sobre qué es lo que ocurre para que un ciudadano/a parezca desear que se violen las garantías constitucionales que resguardan la libertad y la seguridad, colocándolo en la categoría popular de “fascista”.

Es así que, de repente, la persona víctima de la delincuencia, por manifestar algo en contra de ella se convierte en una especie de defensor del Terrorismo de Estado.

Se produce, entonces, una paradoja para la ciudadanía, porque si bien nadie en su sano juicio pretende que se violen las garantías constitucionales, pareciera que la sociedad encuentra que esa defensa fuera el causante de la delincuencia.

Entendemos que el tema se explica por una traslación equivocada del supuesto histórico y político que justifica la teoría de los derechos humanos: el del Estado terrorista y su escenario. La teoría de derechos humanos surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, para evitar nuevamente los horrores del Tercer Reich; en la Argentina, esa defensa se utilizó en democracia para acusar a las juntas militares.

El sentido de la teoría es mantener la conciencia de que el individuo/a tiene derechos inalienables que subsisten por encima de cualquier acción estatal destinada a violarlos. Entonces, si hay una dictadura cuyo fin es perseguir o matar a las y los opositores, tenemos una fuerte necesidad de una teoría de derechos humanos para defender a quienes luchan contra ese régimen. Pero sucede que actualmente la hipótesis que dispara el sistema no se encuentra vigente.

Partir de conceptos erróneos puede llevar a considerar equivocadamente la conducta de la delincuencia. No hay hoy un Estado terrorista en el país, así como no hay adalides de la lucha armada. Hay un estado democrático, y hay delincuentes comunes que deben ser combatidos dentro de la ley. Con “mano justa”, como hemos dicho siempre en esta columna.

Es una obviedad que hoy debemos estar del lado de los ciudadanos/as y no con los delincuentes. Porque ya no hay un Estado terrorista y porque en última instancia corresponde activar mecanismos para hacer cumplir la ley y los derechos en su justa medida.