El procurador de la Municipalidad, Fernando Rigotti, destacó ante La Mañana que el fallo de la Justicia rechazando la medida cautelar presentada en medio de esta crisis del transporte reconoce la facultad de la propia Comuna de poder hacerse cargo de los colectivos de la empresa Crucero del Sur para así brindar un servicio de transporte urbano de emergencia.
Detalló que el juez Darío Bitar menciona que ya en el Pliego de Bases y Condiciones establecido para la concesión está previsto que la compañía garantice una prestación en aquellas situaciones en las cuales los empleados realicen un paro de actividades, y que habilita al Municipio, sin intervención de la Justicia, a incautar “hasta por un año” las unidades e incluso a “tomar posesión” de las instalaciones de la firma, incluyendo el taller y los insumos.
Además, precisó que el Pliego indica que se puede solicitar la asistencia de la fuerza pública, representada por la Policía provincial, para poder concretar el procedimiento y habilitar un servicio de transporte urbano “por cuenta propia o de terceros”; y detalló que la presentación efectuada ante la Justicia tuvo el objetivo de contar con una medida “autosatisfactiva”, cautelar o urgente, como se hizo en otros reclamos concretados por la Comuna, e informar al Poder Judicial que el Municipio está habilitado a concretar la incautación.
A su vez, remarcó que la incautación provisoria de los bienes de la empresa prestataria permitirá brindar un servicio durante un tiempo determinado, hasta lograr que una nueva compañía pueda hacerse cargo del transporte urbano de la ciudad de Formosa de manera estable.
“Es un servicio que tiene carácter esencial. Así lo dicen los jueces. Desde la Municipalidad, vamos a cursar una nota para tomar todos los recaudos pertinentes y vamos a ir a la empresa a tomar posesión de ella. Lo tenemos que hacer. No podemos dejar desamparado al vecino”, recalcó; y manifestó que si alguno de los gremios que nuclean a los choferes quiere impedir la incautación, la Municipalidad puede accionar de manera penal contra aquellas personas que se opongan a la medida.
“El juez nos dice que si no podemos ingresar a la empresa, podemos accionar por la parte Civil y por la parte Penal. Se puede sacar a esas personas del lugar, porque van a interrumpir el servicio público. Ellos van a estar cometiendo un delito. La Policía va a tener que actuar, de ser necesario, y los va a tener que demorar o detener”, acotó Fernando Rigotti.