El descrédito de la clase política en la Argentina crece cada vez que aparece información indignante acerca de los abultados presupuestos que se destinan al pago de dietas y gastos de las y los legisladores nacionales, provinciales y municipales. Pero además, cuando en situaciones críticas la sociedad se ve obligada a sufrir las consecuencias de severos ajustes en las cuentas fiscales, cualquier aumento en las remuneraciones parlamentarias, por mínimo que fuere, provoca inocultable malestar.
Ambas cosas ocurrieron esta semana, después de que la Cámara de Senadores de la Nación votara favorablemente una suba en las dietas muy superior a las paupérrimas recomposiciones salariales que -con suerte- vienen alcanzando algunos sindicatos, tanto aquellos que agrupan a trabajadores/as del sector privado como estatales.
Tras un acuerdo entre los bloques, sobre tablas, sin debate, a mano alzada, y con votos a favor vergonzantes como el del presidente de la UCR, Martín Lousteau, la propuesta -que incluía la firma de un representante de La Libertad Avanza- obtuvo vía libre en la Cámara Alta y se tradujo en un incremento escandaloso de las dietas, que llevó el monto bruto per cápita a unos siete millones de pesos.
De nada sirvieron las explicaciones posteriores ni los esfuerzos del oficialismo nacional por despegarse de tamaño desvarío y acusar a la “casta”. En esta oportunidad la “casta” fueron todos y todas, ya que el conjunto montó un escenario donde cada uno/a, con mayor o menor hipocresía o desfachatez, desempeñó a la perfección su rol para que el resultado fuera el obtenido. Y todos beneficiados.
El hecho de que los legisladores/as cobren salarios dispendiosos provoca, como dijimos, un inocultable malhumor social, y además tira por la borda los discursos en torno a un cambio que permita rehabilitar la credibilidad de la dirigencia partidaria en cada distrito.
Jugadas alevosas como la del Senado no sólo revelan las profundas injusticias sociales que se pueden generar por el uso indebido de una cuota de poder, que algunos/as consideran como un medio para servirse a sí mismos en lugar de un instrumento al servicio del bien común. También deben ser vistas como un claro motivo de la caída de los índices de confianza de la opinión pública en la clase política.
Pero hay algo más: los aumentos en el Congreso de la Nación no son parejos, ya que ahora las dietas de los diputados/as quedaron por abajo y esto generará reclamos. Frente a estas disparidades, agravadas cuando se comparan las remuneraciones legislativas entre provincias o entre municipios, renueva la necesidad de establecer parámetros más sensatos para el otorgamiento de las dietas en todo el país.
No sólo sería una forma de evitar los abusos en que suelen incurrir algunos cuerpos legislativos, como en esta ocasión el Senado, sino también un mecanismo idóneo para detener el proceso de deterioro al que están expuestas desde hace años las finanzas de la mayoría de los distritos y, consecuentemente, las de la Nación en su conjunto.
Resulta imperioso que la clase política se adecue a la realidad crítica del país.