El ataque libertario que viene sufriendo el Estado en la Argentina tiene razones que merecen ser analizadas más allá de los exabruptos presidenciales.

Para las democracias occidentales, el Estado no es una “organización criminal” como pretende hacer creer el líder anarcocapitalista. Sí es, en muchos países, entre ellos el nuestro, una organización elefantiásica híper ineficiente. Pero, como se ha dicho más de una vez en esta columna, la capacidad de funcionar correctamente importa más que el tamaño. De hecho, algunas de las más desarrolladas naciones europeas tienen proporcionalmente más agentes estatales que la Argentina; la diferencia es que brindan servicios públicos mucho más eficientes, y de modo más transparente.

No es, entonces, que el Estado esté camino a desaparecer en el mundo. Sí hay cuestionamiento que vale la pena debatir, en aras de ordenarlo y darle la mayor eficiencia posible. Las adquisiciones y contrataciones del sector público, en nuestro país, se hacen mal y tienen escaso control. No lo decimos nosotros; a esta conclusión llegaron distintas ONGs en las últimas décadas, Poder Ciudadano entre ellas.

Una de las principales anomalías comprobadas está en las compras. La conclusión es que son el resultado de presupuestos improvisados, una programación deficiente, altos grados de discrecionalidad y muy escaso control. La vieja hipótesis de que el sector público gasta mucho y mal parece quedar confirmada.

Por tratarse del uso de recursos públicos, los gobiernos tendrían que mejorar sus sistemas de compras para adaptarse a los criterios de eficiencia que se siguen con celo en el sector privado. La laxitud en los controles deja abiertas las puertas a la corrupción y el abuso.

Prácticas enraizadas en la cultura estatal como la falta de políticas de planificación, el alto grado de discrecionalidad del que gozan algunos funcionarios/as al decidir las operaciones, y las compras de urgencia, terminan obligando al sector público a pagar más caro por servicios o contrataciones que, de haber sido previstas, resultarían menos onerosas para el fisco.

Una de las fallas estructurales que el Estado debería corregir antes que nada es la ausencia de controles rigurosos sobre todo el proceso de compras. Si esto se siguiera adecuadamente y se registraran los errores detectados durante todo el procedimiento, o se señalara a los proveedores incompetentes, el Estado podría ahorrar tiempo y dinero.

El actual Gobierno nacional acaba de denunciar la “cartelización” de las prepagas. Pues bien, la presencia de carteles de oferentes que se reparten las contrataciones es otro mal endémico que afecta a las adquisiciones estatales, al quedar eliminada la libre competencia, lo cual causa un aumento en los costos y una mala calidad en los productos o servicios que se adquieren.

Finalmente, la actualización de la información en Internet sobre las compras públicas tendría que ser un ejercicio cotidiano en la administración púbica, para transparentar las operaciones y permitir a la sociedad conocer debidamente cuál es el destino de los recursos fiscales.