La Defensoría del Pueblo de la Provincia advirtió que la “Canasta Básica Tecnológica” se ha convertido en un nuevo indicador de la desigualdad social que reina en la Argentina, y anticipó que la desregulación de las telecomunicaciones decretada recientemente por el Gobierno nacional “profundizará la brecha digital”.

La mencionada canasta incluye teléfonos celulares, tablets, notebooks, y los abonos mensuales de internet y telefonía móvil, indispensables hoy para el estudio, el trabajo y otras actividades de la vida diaria. “Sin embargo -acotó el Organismo de la Constitución-, para muchas familias argentinas acceder a ella es imposible, más ahora con los nuevos y futuros aumentos”.

La denominada “brecha digital” no es otra cosa que la reveladora expresión del nivel de inequidad que se registra en el mundo contemporáneo por el desigual acceso de las poblaciones a las nuevas tecnologías.

Para tomar conciencia de la dimensión del problema basta con indicar que cerca de la mitad de la humanidad -y hasta tal vez un poco más- todavía no conoce Internet. Una de las mayores diferencias, en este sentido, se da en nuestro continente entre América del Norte y América latina; fenómeno que se replica en el interior de los países más pobres, y aun entre aquellos que creen estar o están en “vías de desarrollo”, como la Argentina.

La aparición de la brecha digital no fue algo imprevisible, justamente por la enorme distancia económica y tecnológica que separa a las naciones ricas de las demás. Lo que resulta extraño y preocupante es que en el horizonte inmediato no aparezca visible ningún mecanismo de por sí capaz de reparar tamaña desigualdad y su raíz: la asimetría económico-social.

Es en este contexto que causa renovada inquietud el decreto por el cual se desregulan las telecomunicaciones. No por la desregulación en sí misma, cuyos frutos están por verse, sino porque no aparecen en escena políticas que tiendan a equilibrar la balanza. Con todos sus defectos, el plan Conectar Igualdad logró objetivos mínimos, haciendo que miles de jóvenes pudieran acceder a su primera computadora. La mayoría de éstas hoy ya no están en servicio en muchas escuelas, por falta de renovación. Si a esa obsolescencia lógica se le suma el encarecimiento desmesurado de los nuevos equipos, así como de los servicios de telefonía y de internet, el peligro de que ocurra lo alertado por la Defensoría del Pueblo formoseña está latente.

Hay un dato clave: dado que los países donde se registra el mayor número de usuarios/as a la red y de computadoras, son también los que concentran el grueso de inversiones en investigación y desarrollo, la inequidad digital, en el mundo, amenaza con seguir creciendo. Y con esto, lo más probable es que la brecha social se profundice aun más.

Las tecnologías de la información cambian las formas en que el conocimiento se crea, se difunde y se usa. Ningún país debería quedar ajeno a este proceso, independientemente de su nivel de desarrollo. Para esta tarea se debe articular una política nacional e internacional capaz de tornar equitativo el acceso a las nuevas tecnologías.