La cuestión educativa sigue teniendo escasa presencia en el conjunto de los discursos que animan la discusión pública suscitada alrededor de la crisis y en las definiciones que de ella hacen personajes de la política, periodistas y opinólogos/as en general.

Es como si las urgencias de los desastres económicos hubieran cambiado las prioridades y desplazado de las preocupaciones de la población y de las y los animadores mediáticos temáticas que hasta fines del siglo pasado gozaban de alta valoración.

Si bien la presencia pública de los asuntos educativos no necesariamente da cuenta de preocupaciones genuinas, su ausencia no debería interpretarse como una parálisis en ese campo. Por el contrario, cada crisis es una nueva oportunidad para resignificar los sentidos y las funciones asignadas a la escuela pública, y para rechazar ideas descabelladas, como la del conspicuo diputado libertario que considera desechable la obligatoriedad de la educación.

En este marco, alarma especialmente la construcción de un vínculo entre educación y control del riesgo social. Pero la escuela pública no corre peligro sólo por el lado de quienes argumentan que invertir en educación es más barato que mantener reformatorios -toda una definición respecto al lugar que se espera que ocupe la educación-. En la misma línea se inscriben los discursos que abrevan en el sustrato más conservador, y que le exigen a la escuela transformarse en un campo de disciplinamiento de jóvenes de los sectores populares en aquellos valores que garanticen una pacífica aceptación de su lugar en la sociedad.

Tenemos, finalmente, a quienes se proponen remover el obstáculo que el carácter público de las escuelas opone a la acción del mercado. Presentan a los problemas educativos como resultantes de una excesiva regulación burocrática del Estado que impide a las instituciones hacer uso de su autonomía y a los individuos, ejercitar su libertad para elegir. Según esta visión, los problemas de inequidad educativa no resultan de la desigualdad social y de la ausencia de políticas públicas que atiendan esta problemática, sino, por el contrario, de una traba burocrática que impide a padres/madres elegir libremente la escuela para sus hijos/as y que no permite a las comunidades educativas tomar decisiones propias.

Este argumento, centrado en la idea de mercado educativo, se presenta como tentador para un sector de la clase media que hace tiempo ya ha optado por la educación privada y, por lo tanto, ha perdido interés en el sostenimiento de la escuela pública. Seduce también a políticos y outsiders transformados en políticos, que piensan en la ventaja de aliviar los presupuestos transfiriendo responsabilidades al mercado. Tal razonamiento es promovido desde grupos que pretenden un Estado prescindente de responsabilidades sociales.

En medio de semejante desconvierto, el tema educativo no sólo tiende a desaparecer de los debates periodísticos sino que, peor aún, ni siquiera ha sido incluido por el Gobierno nacional con vistas al Pacto de Mayo. Difícil encontrar un signo mayor de desinterés.