“Vamos a cerrar la agencia Télam que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo el presidente Javier Milei en su discurso del viernes pasado ante la Asamblea Legislativa. Dos días después, cerca de la medianoche del domingo, la sede central de la agencia estatal de noticias fue vallada y los 700 empleados puestos a disponibilidad vía mail, licenciados con goce de sueldo por una semana, pero sin la posibilidad de cumplir tareas. El Gobierno insiste en que cerrará la agencia y que tiene herramientas legales para hacerlo.
De todos modos, la inexistencia de un decreto, reglamentación o resolución que dé por cerrada la agencia de noticias complica los planes de cierre, decididos por el Presidente y elogiados desde la Libertad Avanza y dirigentes de Pro de Mauricio Macri. La argucia legal desde el Gobierno reside en que en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, actualmente vigente pero en debate en la comisión Bicameral del Congreso, figura en su artículo 40 la derogación de la ley 20.705, que creó las Sociedades del Estado.
Esa ley expresa que las mismas “no podrán ser declaradas en quiebra. Sólo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado”. La transformación de sociedades del Estado, como Télam, en sociedades anónimas pasibles de privatización, incluida en la ley Bases, naufragó también durante el debate en particular de la ley. “El DNU solo habilita a transformar Télam de sociedad del Estado a Sociedad Anónima, cualquier otra cosa lo tienen que hacer por ley. Estamos analizando cursos de acción”, afirmó Guillermo Gianibelli, abogado del sindicato Sipreba. La decisión gubernamental motivó el rechazo de asociaciones de periodistas, entre ellas la que nuclea a los corresponsales extranjeros en el país.
“Esta semana se va a concer el plan que se está diseñando para el cierre de Télam y el destino de sus empleados. Este año Télam tenía previsto 20.000 millones de pérdida, estimada. Al cierre de la agencia lo prometió el Presidente en la campaña y no tiene nada que ver con la libertad de prensa, ni la libertad de expresión”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa. Adorni no supo responder si el cierre de la agencia debe pasar o no por el Congreso. “Esta semana se conocerán los detalles legales”, salió del paso ante la consulta de LA NACION. Fuera de micrófono, fuentes oficiales no descartaban “alguna alternativa” con “algunos” de los empleados de la agencia oficial, sin dar mayores precisiones.
Desde la Casa Rosada agregaron que “la lógica es, como dijo Milei en varias oportunidades, que estamos en un país en crisis que no se puede permitir estar gastando dinero de todos en medios públicos”. E hicieron números: según el presupuesto 2023, tuvo ingresos operativos por $ 12.288 millones, y gastos por $ 18.023 millones, un déficit anual de $ 5735 millones (15,7 millones por día). Y agregaron que para este año se proyectaba una pérdida de $ 20.000 millones. Razones suficientes, afirman, para proceder a su liquidación en el corto lapso. “Fue una promesa de campaña”, agregaron, y sumaron el cierre de Télam a otras decisiones para achicar el gasto, como el freno a la obra pública, la suspensión por un año de la pauta publicitaria, el cierre del Inadi y del Ministerio de la Mujer, también mencionado por Adorni durante la conferencia de prensa.
Más allá del andamiaje legal, que el Gobierno terminará de definir en los próximos días, desde la agencia estatal varias fuentes confirman que los planes del interventor por el oficialismo, Diego Chaher, eran otros hasta hace pocos días. Al menos, según trascendió de una extensa reunión de Chaher con gerentes de la agencia, la semana pasada, en la que el interventor se mostró sorprendido por el buen nivel de los periodistas, elogió los planes de cobertura de la Asamblea Legislativa, e incluso se alegró con ingresos provenientes de acuerdos con cadenas como Netflix por la cesión de fotografías. Les pidió, incluso, que presenten un plan de ajuste con reducción de personal, pero no habló de cierre. “Doctor, estaría faltando a mi oficio de periodista sino le pregunto que va a pasar con nosotros”, preguntó uno de los gerentes. Chaher, según contaron testigos a LA NACION, dijo que su intención era “administrar bien los activos de la agencia” y que él no pretendía cerrarla.