La comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, que ayer confirmó los nombres de los ocho diputados nacionales que lo integrarán, se constituirá formalmente este jueves y podrá abocarse al tratamiento del mega DNU 70 de desregulación económica que el Gobierno nacional dictó en diciembre pasado.

De los 16 miembros totales, Unión por la Patria tendrá seis representantes, en tanto que tres serán de La Libertad Avanza, dos del PRO, dos de la UCR, uno de Hacemos Coalición Federal, uno de Cambio Federal y otro de Unidad Federal.

En la previa a la conformación de la Bicameral, que tendrá 10 días para dictaminar sobre el decreto presidencial y elevarlo a tratamiento en el Congreso, el senador y presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, afirmó que el DNU de Milei “está viciado de nulidad” y adelantó que su bancada justicialista lo rechazará por “arbitrario e inconstitucional”.

“Mientras se discutía la ley Ómnibus en Diputados, la cual cayó en su tratamiento particular por falta de consenso y el alto nivel de atropello que tenía al sistema constitucional, le solicitamos a la presidenta del Senado (Victoria Villarruel) que llame y conforme la comisión para el DNU del presidente.

Ante la negativa hicimos un llamado con 33 firmas de legisladores, casi la mitad del cuerpo, para que finalmente el oficialismo acepte y se ajuste a las pautas de la Constitución, la cual prevé que el Gobierno tiene 10 días hábiles para remitir el decreto, luego la comisión tiene otros 10 días más para dar tratamiento o no. En caso de que no se emita despacho, el DNU queda habilitado para el debate en Diputados y el Senado”, indicó Mayans.

En este escenario legislativo, el senador formoseño adelantó que no acompañará el DNU presidencial que fue declarado inconstitucional en su capítulo laboral por la justicia.

“Este mega decreto de Milei está viciado de nulidad. Viola la Constitución Nacional porque el Poder Ejecutivo no puede ejercer disposiciones de tipo legislativas, como por ejemplo, derogar 79 leyes y modificar 300 normas a través de un decreto. Más aún, sabiendo que su aplicación, porque está en vigencia, elevó la cifra de pobreza a 57% en el país, sin un programa basado en el presupuesto”, añadió.

En este sentido, Mayans dijo que “el Gobierno está actuando de manera arbitraria, inconstitucional e ilegal”, adelantando que no se puede aprobar un decreto de esta naturaleza que ya tiene un revés judicial”.