El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, rechazó “por falaz” el descargo efectuado por el gerente de Crucero del Sur, César Gabriel Aguirre, en el que “asegura que la empresa cumple con el servicio de emergencia, anunciado oportunamente, con la cantidad de unidades, horarios, frecuencias y recorridos estipulados para todas las líneas, según los requerimientos de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa”.

En tal sentido, el funcionario provincial fustigó duramente al secretario general de UTA, Diego Mendoza, “por estafar y tomarles el pelo a los vecinos este lunes por la mañana, queriendo hacerles creer que los colectivos se quedaron sin combustible y por ello los atravesaron en diferentes boccalles, perjudicando a toda la ciudadanía”.

Consultado por un grupo de usuarios que se hizo presente en la sede de la Defensoría, Gialluca les dejó en claro que el Gobierno provincial no tiene ninguna obligación legal, por cuanto “no es el Poder Concedente para hacer aportes o subsidios al transporte urbano de pasajeros”.

Al respecto, recordó que “al haberse eliminado el Fondo Compensador del Transporte por decisión del presidente Javier Milei, en enero se le pagó a la empresa unos 77 millones de pesos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre cuando el citado recurso se encontraba aún vigente”.

Añadió también que “no se debe confundir a la gente, en relación a quienes tienen la responsabilidad en el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad, y tampoco se pueden hacer ligeramente comparaciones con otras provincias, donde el mismo sí está a cargo del Estado provincial, como es el caso de La Rioja que ha iniciado acciones judiciales contra el Estado Nacional, exigiendo el pago de subsidios destinados al servicio de transporte y que se encuentran previstos en el Presupuesto Nacional del año 2023 que en la actualidad sigue vigente, donde en su art. 81 “claramente se mantiene el Fondo Compensador” que no puede ser suprimido por simples Resoluciones de la Secretaría de Transporte”.

A este caso se le sumó la Provincia de Chubut, San Luis y otras, pues de lo contrario, los usuarios tendrán que pagar boletos que rondarían entre los 1.100 y 1.200 pesos.

Gialluca dijo que “no se está mendigando al Gobierno nacional para que envíen dinero, sino que estamos pidiendo que cumpla con la Constitución Nacional y las leyes que de ella emanan, para así garantizar la cobertura de los recursos que el transporte público necesita, para evitar mayores perjuicios a los vecinos o tener que lamentar el cierre de empresas”.

Finalmente, el ombudsman provincial dejó en claro que “el no cumplir con la Constitución Nacional y con las leyes que de ella emanan, así como con lo establecido en el Presupuesto Nacional art. 81 que mantiene el Fondo Compensador, profundiza la discriminación hacia las Provincias del Interior, rompiendo con el federalismo como sistema de gobierno, ya que los subsidios se mantienen para el AMBA”.