Tras la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que entrega medicamentos y asistencia en salud a adultos, embarazadas, adolescentes y niñas y niños con cáncer y para pacientes con enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas, varios formoseños realizan presentaciones y amparos judiciales. A esto se suman los planteos por los aumentos desmesurados en los costos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
El 2 de febrero, el Ministerio de Capital Humano publicó una Resolución en la que informaba que se suspendía la labor de la DADSE “hasta tanto se revisen los circuitos administrativos que garanticen la transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de las acciones de dicha actividad”.
En diálogo con La Mañana, el doctor Gabriel Hernández reconoció: “Hace rato venimos trabajando en este tema y yo, como abogado, he representado a muchos vecinos de Formosa y de otras provincias en amparos de salud respecto de empresas como OSDE y Sancor Salud.
Las empresas de medicina prepaga y también obras sociales les niegan a sus afiliados diversas prestaciones, por ejemplo, cuando en el lugar donde vive un afiliado no tienen una determinada calidad de hospital, sanatorio o centro de rehabilitación y hay que viajar a Buenos Aires, las obras sociales y las empresas de prepaga quieren ahorrar dinero negando la cobertura”.
En ese mismo sentido, el abogado explicó que las entidades de salud les dicen a los afiliados que “se pueden atender acá en Formosa o en Resistencia, pero cuando el médico indica que una persona necesita determinado nivel de tratamiento, la obra social o la empresa de prepaga no se pueden negar”.
Tal y como ocurre en los casos de personas con discapacidad que requieren “una escuela especial y tienen que trasladarse por sus propios medios y no puede viajar en transporte público por su condición y requieren hacerlo en una combi o remis. En estos casos, la obra social también tiene que cubrir ese traslado, ese transporte es parte de la prestación; y muchas veces no quieren. No hablamos de un capricho de la familia o del afiliado, sino de una indicación médica que la OS debe cubrir”, enfatizó Hernández.
En alusión a las subas en las cuotas de las prepagas, el profesional dijo que fueron “sorpresivas y desmesuradas”. “Una cuota que valía 50 mil pesos en diciembre se va a 120 mil o 130 mil en enero/febrero y de pronto para marzo ya serán 180 o 200 mil, y esto impacta muy fuerte en el bolsillo de la gente”, remarcó.
Teniendo en cuenta que los salarios no ascendieron en igual proporción a estos aumentos, “hay gente que está muy angustiada porque hace 20 años que están pagando la cuota y ahora con el DNU 70/23, que desreguló el mercado de las empresas de medicina prepaga, hay centenares de miles de personas a nivel país que se están cayendo de su plan de salud y deberán ir al hospital después de haber pagado durante 20 años una prepaga haciendo grandes sacrificios. Ahora, de la noche a la mañana, realmente les aumentaron muchísimo la cuota”.
Ante este contexto, se plantearon amparos sobre este tema. El doctor Hernández, quien tiene hijas con discapacidad, tuvo que especializarse para “reclamar el derecho de mis hijas”.
Al hacer referencia a los derechos de las personas, Hernández subrayó: “Todos tenemos derecho a una cobertura de salud, los que tienen obra social tienen la cobertura de la obra social; los que no, tienen la cobertura del sistema de salud pública. Pero todos esos sistemas pueden ser obligados, en caso de que no quieran cubrir la prestación, a que lo hagan. La Justicia los obliga”.
Asimismo, detalló que para recurrir a los jueces, lo primero es “tener el pedido del médico sobre lo que el paciente necesita. Después, la familia del paciente, con esa indicación reclamará. Siempre deben hacer las presentaciones con copia para que quede constancia, porque a las palabras ‘se las lleva el viento’. Una vez que la obra social le niega, se requiere un abogado y tramitar un amparo”, apuntó.
Finalmente, el abogado del foro local marcó: “Los jueces son sensibles a estos problemas porque tienen madres, abuelos e hijos con problemas y saben por lo que atraviesa la sociedad. Si uno va con un amparo de salud bien justificado, el juez les va a dar la razón y a ordenar a la obra social o a la prepaga, que cubra a ese paciente lo que necesita”.