* Por Héctor Washington

Más que como grandes autores de literatura distópica del siglo XX, pensadores como George Orwell, Ray Bradbury o Aldous Huxley comienzan a cobrar renombre en la Argentina -en las postrimerías del primer cuarto del siglo XXI- como escritores que poseían el indiscutible don de la profecía. ¿La razón? La llegada de una tan distorsionada libertad impulsada por un siniestro aparato de propaganda, que decantó en un aluvión de medidas descabelladas en contra de la clase trabajadora en tiempo record: control absoluto y vigilancia de la población, extorsión rigurosa y criminalización de la protesta social, un férreo protocolo represivo, eliminación de derechos que le asisten en su vivienda, el abastecimiento de alimentos, desaparición del observatorio de precios, vía libre para la privatización de empresas públicas y la destrucción de la industria nacional, la desregulación del comercio exterior e interior, la repartija de cada hectárea del suelo argentino al mejor postor, una feroz reforma laboral y una “casta” que cada vez la pasa mejor. Por estos días, el país parece haberse convertido en una parodia alocada de la fábula orwelliana “Animal Farm” (1945).

Ni Necesidad Ni Urgencia

Arrogándose facultades legislativas, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 de Javier Milei, denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” y que comenzara a regir el 29 de diciembre último, no se trata sino de un plan de negocios diseñado durante años a la medida de sus amigos del poder económico, dueños del país: los grandes ingenios, minerías, petroleras y empresarios de la medicina prepaga, los paladines siempre intocables del Poder Judicial e incluso del poder político, a quienes tanto prometió ajustar y acabó sentándolos, uno por uno, a ocupar puestos estratégicos en el Poder Ejecutivo. Todo frente a los ojos negacionistas de sus propios votantes, que -aún en pleno exitismo por el triunfo- no atinan a caer en la cuenta de tamaña estafa electoral.

Sí que la vemos

Las más de 300 reformas que contiene el mega DNU traen a la memoria las peores políticas de vaciamiento aplicadas por la dictadura militar de los ‘70-‘80 y por el menemismo a lo largo de los años ‘90, escupidas a través de una cadena nacional, esta vez por un impulso inconstitucional a todas luces, de espaldas al Congreso, en lo que descaradamente llamaron una “descontaminación legislativa”. La “campaña del miedo” había terminado: comenzaba el miedo.

A los días de estupor, marchas y cacerolazos masivos en distintos puntos del país les siguieron las ironías y amenazas del Gobierno, y el lanzamiento por lo bajo de un segundo paquete de medidas contra el pueblo que rodó por el suelo como una cortina de gas lacrimógeno: el denominado proyecto de ley Ómnibus, que parece buscar estrellar a la Argentina contra un muro de contención cada vez más insoportable.

Denominado “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el proyecto de ley Ómnibus fue presentado en la Cámara de Diputados con la finalidad de impulsar reformas de tipo económico, fiscal, previsional y en materia de defensa, entre otras.

Tierra arrasada

En unas 351 páginas y más de 664 artículos, el desguace de las políticas públicas continúa avanzando a toda marcha, esta vez dispuesto a echar también por tierra todo el sistema cultural nacional, librarlo a las feroces fauces del mercado y no dejar sino tierra arrasada donde alguna vez floreció lo mejor de nuestra autonomía intelectual y artística.

Aduciendo una supuesta emergencia pública que le permita seguir explotando su imagen positiva para un sector de sus votantes (antes que despierten de su luna de miel electoral), el ya conocido cuento de la “verdad incómoda” y el “sinceramiento” de tarifas, Milei dispone, entre otras medidas:

- La derogación de la Ley de Precio Único del Libro (N° 25.542).

- La restricción del financiamiento a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) -Ley N° 23.351-.

- La supresión del financiamiento fijo del Instituto Nacional de la Música (INAMU) -Ley N° 26.801-.

- La eliminación del Instituto Nacional del Teatro (INT) -Ley N° 24.800-.

- La desfinanciación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) -Ley N° 17.741-.

- La quita de partidas a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) -Ley N° 17.711-.

- La desaparición del Fondo Nacional de las Artes (FNA) -Ley N° 1.224-.

Asamblea de Artistas Independientes de Formosa

En permanente estado de alerta por el apagón cultural del país, cientos de agrupaciones de artistas recorrieron las calles, las plazas, teatros y centros culturales, organizando la lucha y la movilización en contra de las políticas de desguace del sector.

Al igual que los trabajadores de las demás provincias, Formosa se agrupó de inmediato y conformó lo que dieron en llamar Asamblea de Artistas Independientes, a fin de proyectar líneas de acción en torno a la “movilización en contra del paquete de leyes que atenta contra nuestros derechos”. En este sentido, la agrupación autoconvocada de trabajadores culturales de diversos sectores busca sumar en principio mayor cantidad de compañeros de lucha comprometidos con la causa, lograr la adhesión de la comunidad en general e instar a los legisladores a votar en contra de este proyecto de ley, que tendrá su tratamiento en el Congreso el 25 de enero próximo. Hasta tanto, el plan de resistencia comienza a nivel local mañana 5 de enero, a partir de las 18 horas, en la Plaza San Martín.

La trabajadora teatral Silvia Gabazza, una de las voceras de la Asamblea de Artistas, señaló que “el punto principal es el repudio al DNU y a la ley Ómnibus en los que se desfinancia a la cultura. Por eso nos ponemos en alerta y declaramos la emergencia cultural”. Y convocó: “Se llama a todos los sectores de la cultura para organizarse en la lucha en defensa de nuestros derechos: INT, FNA, CONABIP, INCAA e INAMU. Está en emergencia el derecho a la cultura, sus trabajadores, los artistas y las salas de la provincia y del país. En el sector Teatro, con el proyecto de ley Ómnibus se propone eliminar al Instituto del Teatro mediante la derogación de la Ley 24.800, institución que financia y sostiene una actividad cultural federal que llega a todos los lugares y comunidades del país. Los y las artistas generamos propuestas y proyectos que, en su mayoría, serían difíciles de concretarse sin el sostenimiento de nuestro instituto. Por eso, llamamos a todos los sectores a defender esta política pública tan importante y necesaria para la comunidad toda”, amplió.

Por último, explicó que la movilización también busca “hacer un llamado al Congreso de la Nación para que no se apruebe el proyecto de ley, por lo que necesitamos dar a conocer a la comunidad la importancia del acceso a las culturas”.

“Fahrenheit 451”

La Ley del Libro en Argentina (N° 25.542) -también llamada Ley de Defensa de la Actividad Librera- se sancionó el 27 de noviembre del año 2001 y establece un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final fijado por la norma. Por lo que los libros conservan el mismo precio tanto en librerías físicas como en ediciones digitales. Si esto no se cumpliera, cabría imponer una multa, irrisoria considerando los tiempos que corren. Quedan exceptuados en este sentido los libros de colección, los ejemplares fuera de catálogo por decisión del editor y los antiguos o usados. Así también, la ley dispone que la Secretaría de Cultura y Comunicación arbitre los medios para la elaboración de un registro de editores, importadores y representantes.

Un 80 por ciento de las librerías y editoriales registradas en la Argentina son PyMEs (que producen 6 de cada 10 títulos nuevos). En este panorama, la ley busca proteger al comprador y al sector (editoriales medianas, imprentas, diseñadores y distribuidoras pequeñas) de las “grandes superficies”, como supermercados y shoppings, e impide -por ejemplo- hacer rebajas y atentar contra la llamada “bibliodiversidad”.

Emulando una quema virtual de libros como en el clásico de Ray Bradbury, la derogación de la Ley de Precio Único del Libro significa atentar contra una gran diversidad de autores menores y de editoriales PyMEs en las librerías del país y abrirles paso a las grandes firmas de monopolios editores y cadenas de librerías, que podrán así presionar por el aumento general de los precios y de esa manera convertirán al libro en un objeto de lujo para la mayoría de los argentinos.

Consultado al respecto, el profesor Rodrigo Villalba Rojas, escritor e investigador del CONICET, lamenta el avance de este proyecto sobre el sector, ya que la ley vigente “asegura una competencia equitativa para que las multinacionales libreras no aplasten a las PyMEs y pequeños distribuidores de libros. Y va más allá contra una figura central como la de las Bibliotecas Populares: opera recortes mortales en la Ley 23.351, aniquilando las vías de financiamiento de las bibliotecas barriales, elimina el Fondo Especial para Bibliotecas Populares (su vía central de financiamiento), elimina beneficios, subsidios y subvenciones que las mantienen con vida, elimina juntas asesoras que aseguraban el federalismo de la actividad bibliotecaria y reduce el organigrama de la CONABIP a una serie de cargos honorarios”.

En efecto, la ley Ómnibus propone además la restricción al financiamiento a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) -Ley N° 23.351- por medio de la derogación del Fondo Especial para Bibliotecas Populares en tanto Asociaciones Civiles. Se dan de baja así los beneficios de bibliotecarios del país, que pueden viajar a eventos libreros y adquirir con descuento libros para los lectores de la comunidad. Se estima que esto devendría en el desfinanciamiento y consecuente cierre de las 2.000 bibliotecas populares de la Argentina, donde trabajan unos 30.000 voluntarios.

Además, la Junta Representativa como órgano federal de la CONABIP (que cuenta con un representante por provincia) va camino a desaparecer según lo propuesto por la nueva normativa y será conformada por siete personas designadas por el Poder Ejecutivo, que dispondrá también el cese del Estado de proporcionar personal capacitado, instalaciones y equipamiento técnico para las bibliotecas, no brindará exenciones impositivas ni ayudas para el pago de los servicios ni fondos de fomento y su presupuesto quedará a merced de lo que decida el Congreso cada año.

Si se calla el cantor…

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) nace en el año 2012 por Ley N° 26.801 como ente público no estatal que busca brindar fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical y nacional en particular.

La ley Ómnibus va también por este organismo suprimiendo el financiamiento fijo de la entidad, que deriva de la carga impositiva prevista en el artículo 97, inciso G, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (un 2 por ciento de todo lo recaudado). Así, los fondos serían asignados discrecionalmente por la Secretaría de Cultura de la Nación.

En tanto, elimina también los consejos regionales y con ello la autonomía de las asociaciones de músicos, los sindicatos y las cooperativas para decidir los destinos de los planes de fomento del INAMU. De esta manera, el hasta ahora ente público no estatal quedaría reducido a un irrisorio programa satélite bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

Nicolás Saavedra, músico y productor formoseño, asegura: “La ley Ómnibus es un atropello a nuestros derechos y, entre tantas otras cosas, hacia el arte y la cultura. Que el INAMU se quede sin presupuesto perjudica al fomento de obras nuevas y al patrimonio cultural. No nos quedemos de brazos cruzados. Asistamos a la asamblea este viernes a las 18 hs en la plaza San Martín para decir ‘NO a la ley Ómnibus’”.

Teatro del oprimido

Creado en el año 1997 por Ley N° 24.800, el Instituto Nacional del Teatro (INT) nace con el propósito de promover y respaldar la actividad teatral del país, para lo cual se ocupa de financiar gran parte de toda la producción escénica nacional.

La derogación de esta ley implicaría un cierre definitivo del organismo de fomento, dando también de baja la normativa que impide la demolición de sus instalaciones, salvo que se buscara construir otra con el mismo fin. En este sentido, se daría libertad de acción a una eventual demolición progresiva de teatros argentinos para, por ejemplo, la especulación inmobiliaria.

Al respecto, Graciela Galeano, trabajadora teatral de amplia trayectoria regional, explicó que la derogación de la Ley Nacional de Teatro “dejaría de generar el 1,8 del PBI Nacional, que es el porcentaje con el que aporta al Presupuesto de la Argentina. Dicho sea de paso, el Presupuesto tan cuestionado por LLA todos los años es aprobado en el Congreso de la Nación y representa el 0,1% de los presupuestos a organismos descentralizados, federales y autárquicos, como lo es el INT. Al derogarse la ley, en la región NEA alrededor de 5.000 teatristas, aproximadamente 200 grupos de teatro y 78 salas verían imposibilitada su capacidad de generar actividades y producciones de manera independiente. El teatro, a lo largo y a lo ancho del país, disminuiría su capacidad de resistir como actividad privada. El acompañamiento del Estado es imprescindible”. Por lo cual, convocó: “El viernes 5 de enero a las 18 hs, en la Plaza San Martín, les esperamos para la Asamblea Abierta de Artistas Independientes, que además contará con la presencia de gremios, cooperativas, sindicatos y organismos del Estado provincial, de cara al Paro Nacional del 24 de enero, para lo cual se organizarán una serie de actividades artísticas y culturales en fechas anteriores a la gran movilización del pueblo en su conjunto”.

Una de terror

Con la disminución del financiamiento al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la ley Ómnibus pone en serio riesgo la autonomía de este organismo autárquico al eliminar a los representantes del Consejo Asesor, que pasan de 11 a 8 miembros, a cuyo director le cabe su designación arbitraria, negando la posibilidad de una representación verdaderamente federal de las distintas áreas de la industria cinematográfica.

Con la derogación de la Ley N° 17.741, que dio origen al INCAA en 1958, se pone fin además al apoyo a la producción de cortometrajes y a la promoción de producciones con fines educativos y culturales.

Así también, se quitan fondos específicos de la producción cinematográfica, como el 25% que ingresa por ENACOM (impuestos a TV y servicios de Cable) y el 10% de impuesto por venta o alquiler de videogramas, su principal fuente de financiación. En este caso, las partidas pasan a evaluación del Presupuesto Nacional, que establece que los gastos de funcionamiento no pueden superar el 25%.

De aprobarse la ley Ómnibus, para lograr acceder a un subsidio, el postulante deberá acreditar que está en condiciones de solventar el 50% del costo de producción del proyecto, lo cual significa un acta de defunción para el cine independiente y las pequeñas productoras del país.

Por otra parte, también se derogaría la denominada Cuota de Pantalla del cine nacional (que establece que cada cadena de exhibición debe proyectar en cada trimestre del año una película argentina por sala) y se eliminaría todo tipo de regulaciones a la exhibición y distribución, lo que ocasionaría que las salas de cine del país sean literalmente copadas por los peces gordos de la industria internacional, en detrimento del cine argentino y en favor de las plataformas multinacionales y grandes productoras.

Luis Molina, actor y realizador audiovisual formoseño, asegura que “esta ley afecta muchísimo a la cultura nacional; entre numerosos sectores, el del cine. Ya que plantea el cierre de un espacio muy importante de enseñanza como lo es la ENERC, una Escuela de Cine con más de 60 años y con sede acá en Formosa. La aplicación de esta ley barre completamente los años de trabajo y enseñanza en este lugar. A la vez, limita la cantidad de voces a la hora de poder contar historias mucho más locales y que se alejen de la capital del país. Es por eso que me sumo a las movilizaciones de este viernes 5 de enero a las 18 hs en la Plaza San Martín e invito a los vecinos a sumarse”.

Precisamente, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) no escapa a las medidas desquiciadas que propone la ley Ómnibus, ya que deja de sostener el organismo, dependiente del INCAA, que actualmente tiene sedes regionales en numerosas provincias y ciudades del país como Formosa, Jujuy, Rosario, San Juan, Mar del Plata, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Buenos Aires.

Creada por Ley N° 17.711 en el año 1965, por la ENERC pasaron grandes cineastas de renombre en la industria cinematográfica nacional, como Lucía Puenzo, Tristán Bauer, Lucrecia Martel o Fabián Bielinsky.

No tocar el Fondo

Apenas un año después de su fundación en 1958, la poeta argentina Alejandra Pizarnik solicitó un préstamo al Fondo Nacional de las Artes (FNA) para viajar a Francia y lograr perfeccionarse en La Sorbonne. Libros como “Árbol de Diana” (1962), “Extracción de la piedra de locura” (1966) o “El infierno musical” (1971) no hubieran sido concebidos -al menos como tales- sin ese impulso financiero. El escultor Líbero Badíi había recibido el suyo apenas creado el organismo y Marta Minujín, a sus 16 años, logró perfeccionarse en París gracias a una beca otorgada en 1961, dos años antes que Sara Facio pudiera adquirir su Linhof de placa 9X12, su primera cámara fotográfica profesional, a través de otro préstamo.

Leopoldo Torre Nilsson también recurrió al organismo en 1962 y Leonardo Favio hizo lo propio dos años más tarde. La adquisición de equipo cinematográfico con esos fondos les permitió crear obras que tuvieron enorme impacto en la cultura argentina. Cuesta a estas alturas pensar el cine nacional sin clásicos como “El santo de la espada” (1970) o “Nazareno Cruz y el lobo” (1975).

Astor Piazzolla logró adquirir por la misma vía en 1965 su piano Steinway cuarto de cola con el que compuso piezas irremplazables de la música de vanguardia que decantaron finalmente en “Adiós Nonino” en 1969.

Ese mismo año, el pintor rosarino Antonio Berni adquirió del FNA un préstamo monetario con el que pudo comprar las instalaciones de su taller, donde crearía inolvidables obras pictóricas que continuarían la serie de Juanito Laguna, entre otras tantas.

Estos son sólo algunos nombres a los que les siguieron María Elena Walsh, Ricardo Piglia, Leda Valladares, Beatriz Sarlo, Josefina Robirosa y Martín Kohan, entre tantos artistas y pensadores de destacada trayectoria.

Creado por Decreto Ley N° 1.224, desde 1958 el Fondo Nacional de las Artes es un organismo autárquico de la Administración Pública que cada año brinda apoyo y financiamiento a numerosos escritores, fotógrafos, músicos, arquitectos, cineastas, actores, bailarines, plásticos, artesanos y diseñadores que traccionan la industria cultural nacional, por medio de subsidios, préstamos, becas y concursos diversos.

Parece mentira, pero la ley Ómnibus también va por la eliminación del organismo, cuyas instalaciones funcionan actualmente en la ex casa de Victoria Ocampo, encargada al arquitecto Alejandro Bustillo e inspirada en el estilo racionalista de Le Corbusier.

El FNA no se financia con presupuesto estatal sino por medio del Dominio Público Pagante (DPP): cada vez que se utiliza una obra de un artista o autor fallecido hace más de 70 años, el FNA reinvierte ese capital en los artistas que están creando en la actualidad. Por lo que su desmantelamiento sospechosamente no respondería a un recorte de gasto público sino a la promoción de fundaciones y empresas privadas amigas del poder para que sólo ellas ofrezcan becas de estímulo y concursos a la producción artística.

La gestora cultural Lola Greatti significó al respecto: “La ley Ómnibus pone en riesgo a instituciones con las que articulamos directamente para la creación de producciones artísticas, festivales, giras, conciertos, financiación para el equipamiento del espacio y la programación del mismo. Tanto el INT como el INAMU, FNA y programas del Ministerio de Cultura (2019/2023), como Puntos de Cultura o el Fondo Desarrollar, fueron fundamentales para que nuestro espacio sobreviva a los 17 meses sin actividad que tuvimos que atravesar debido a la pandemia. Que esta ley venga a desfinanciar estas instituciones es un retroceso inmenso que pone en riesgo directo la actividad de nuestra y muchas salas de nuestra provincia. ¡No a la ley Ómnibus! No a la eliminación de nuestros derechos como trabajadores de la cultura!”.

En tanto, Marcos López, egresado del teatro San Martín, bailarín, coreógrafo y también escritor, agregó: “Al escuchar las propuestas de por aquel momento candidato a presidente, no había que ser la persona más despierta para entender que el ajuste también afectaría a la cultura. Claramente no esperábamos esta severidad y poca empatía, relegándonos nuevamente a una lucha que creíamos ya cerrada, que era el reconocimiento a nuestro trabajo”.

Y además agregó: “Siento que no hay una explicación clara para tomar esta decisión, más allá de avasallar a los artistas. Parecería que hay un desdén y malicia en esta toma de decisiones”.

Para finalizar, arengó a apoyar la marcha de movilización de mañana viernes: “A los artistas hoy más que nunca nos toca luchar con nuestras herramientas, buscar la belleza en lo cotidiano, escribir, leer, encontrar libros buenos, escuchar música, llenar el alma y abrazar las emociones. No caer en la amargura, buscar la belleza inmediata del ahora y poder mirar al frente con orgullo. Ejemplos de lucha por el arte en Argentina hay de sobra y estoy orgulloso de saber que siempre habrá. A levantar la voz y decir con orgullo: ‘Soy escritor’, ‘Soy músico’, ‘Soy bailarín’, ‘SOY UN TRABAJADOR DE LA CULTURA’”.