El defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, y el secretario general de la CGT regional Formosa, Hilario Martínez, mantuvieron un encuentro en la sede del organismo provincial, durante el cual coincidieron en advertir las consecuencias negativas que tendrá en lo social y en lo económico la paralización de obras públicas, anticipada por referentes del nuevo Gobierno nacional que asumirá este domingo.

En relación a los anuncios de “paralización y/o concesiones” de la obra pública, que llevará adelante el designado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, que tendrá a su cargo las Secretarías de Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones, tanto Gialluca como Martínez, indicaron que dichas decisiones políticas “afectarán a más de 300 mil trabajadores de manera directa y el doble de indirectos, que multiplicados por una familia tipo, representan 1,2 millones de argentinos, entre ellos miles de familias formoseñas que dependen de ella”.

En este sentido, se acordó plantear oportunamente “que la obra pública en todo el mundo es considerada una inversión y no un gasto, que contribuye al desarrollo de las economías regionales”.

Resaltaron que en la actualidad se están ejecutando unos 160 kilómetros de rutas nacionales y provinciales, como es el caso de los 40 kilómetros de autovía desde Tatané hasta General Mansilla, los 7 kilómetros desde la rotonda Virgen del Carmen hasta la ruta nacional Nº 81, otros 30 kilómetros de pavimentación de la ruta provincial Nº 6, los 78 kilómetros de la ruta provincial Nº 23 y los trabajos en las rutas provinciales Nº 8 y Nº 2 hasta Siete Palmas.

A ellas deben sumárseles las obras hídricas del río Pilcomayo, que vienen siendo financiadas por el Gobierno nacional, y que permiten el ingreso de aguas al territorio provincial, “sin dejar de mencionar la necesaria construcción que más número de viviendas para las familias formoseñas”.

Gialluca y el titular de la CGT local denunciaron que “el costo de frenar la obra pública y relanzarla posteriormente es mucho mayor, siendo el modelo citado sumamente cuestionado, diferente inclusive de los proyectos de Participación Pública Privada (PPP) que se lanzaron en la Argentina en el 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri las que se llevaron adelante en Formosa”.

Durante la reunión, también advirtieron que el futuro acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur producirá consecuencias negativas para todos los trabajadores de la Argentina, por lo cual se comprometieron a solicitar a las próximas autoridades nacionales que “revean esta decisión e inviten a todas las partes involucradas, a sugerir alternativas que impliquen la no afectación de millones de puestos de trabajo, en diversas actividades que actualmente se encuentran protegidas por leyes nacionales en todo el territorio argentino”.