Mientras el presidente electo, Javier Milei, sigue trabajando para terminar la conformación de su futuro equipo de Gobierno y aún se discute si el área de Salud mantendrá su rango de Ministerio o pasará a ser una de las Secretarías dependientes de la cartera de Capital Humano o de la Jefatura de Gabinete, es importante tener en cuenta algunos datos acerca del sistema de salud argentino, que supo ser ejemplo de calidad, acceso y cobertura, y que hoy presenta toda clase de falencias.
Algunos medios nacionales advirtieron en las últimas semanas que la política sanitaria es un engranaje crítico dentro de la gran maquinaria de las políticas públicas. La salud carece de una valorización social suficiente, según demuestra una encuesta de la Universidad de San Andrés, de septiembre último; la salud es nombrada allí como problema principal sólo por el 1% de la población y ocupa un lejano 13er puesto en el ranking de las preocupaciones colectivas. Cabe recordar que durante la pandemia de COVID-19, la salud se ubicaba en el puesto 12° entre aquellas preocupaciones e interesaba de verdad a nada más que al 4% de la población.
También, se remarcó que en la actualidad, el país sufre las consecuencias de años de políticas erróneas y de demagogia sanitaria. La Argentina tiene un gasto en salud del 10% del Producto Bruto Interno. Esto nos pone en el concierto de las naciones centrales, pero si lo desagregamos, se observa que de ese porcentaje, la salud pública es financiada en un 2,8% con impuestos. La otra parte proviene, en un 4,2%, de aportes a la seguridad social, y en el 3% de gastos privados. Entre estos últimos, el 1,5% corresponde al pago de cuotas por medicina privada y el otro 1,5% a lo que se denomina “gasto de bolsillo”. En suma, nuestro país tiene una carga tributaria propia de los países nórdicos, pero el 72% del gasto en salud no es financiado por el Estado, sino por los propios beneficiarios.
A su vez, según expertos en finanzas públicas, un argentino promedio trabaja hasta mediados de julio para pagar impuestos. No es diferente ese destrato social en el caso de los profesionales de la salud: entre la suma de impuestos directos e indirectos, tributan entre el 48% y el 54% de sus remuneraciones, con la paradoja de que una enfermera universitaria, aún con los ajustes paritarios, bordea hoy el indicador de pobreza.
En este marco, se señaló que la suma de derechos con que se ha sobrecargado al sistema, algunos de escasa o nula justificación científica o sanitaria, carece de la contrapartida mínima con los recursos necesarios para mantener en funcionamiento los servicios médicos. Esto deriva en desfinanciamiento estructural y, por consiguiente, en diferentes modalidades de migración de profesionales, como las de atender sólo en consultorios privados o cobrar aranceles complementarios, sin contar las demoras en los turnos o el deterioro gradual de equipos médicos, producto de que los aranceles recibidos no alcanzan para pagar amortizaciones; y la salud privada también enfrenta un escenario complejo, con aumentos de cuotas a pacientes y de aranceles a especialistas que se encuentran por debajo de lo necesario para garantizar las coberturas.
En síntesis, tanto la salud pública como la privada atraviesan una situación de crisis tan grave como la que se observa en la Argentina en materia económica y de seguridad. Por ello, el nuevo Gobierno nacional deberá hallar la manera de iniciar un camino de recuperación sostenida en lo sanitario, que apunte a dejar de lado los errores del pasado y a construir un escenario con mejores perspectivas.