Una de las diversas cuestiones que deberá abordar la próxima administración nacional es la serie de inconvenientes que presenta el sistema previsional argentino, donde existen diversas inequidades que merecen ser analizadas.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino aseguró que si bien el denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) está concebido como régimen general, en su interior operan regímenes especiales con beneficios superiores y regímenes diferenciales con menor edad de retiro.

En este sentido, se precisó que en paralelo al SIPA, y con escasa articulación, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales, dos cajas de bancos públicos y cajas complementarias; y se detalló que en general, las cajas que no pertenecen al SIPA tienen reglas más beneficiosas y, dentro de ellas, también hay regímenes especiales. La suma da como resultado cerca de 240 regímenes que pagan unas 10 millones de jubilaciones y pensiones.

También, el Instituto evaluó que la fragmentación produce información dispersa e insuficiente, tratamientos diferentes para personas en iguales situaciones, arbitrariedades y litigiosidad masiva.

Asimismo, se reveló que de acuerdo a un estudio actuarial desarrollado en el IDESA sobre el régimen general del SIPA (es decir, sin incluir regímenes especiales y diferenciales), si se mantienen las actuales reglas jubilatorias, el comportamiento del gasto previsional sería el siguiente: el gasto previsional del SIPA en el 2023 rondaría el 7,2% del Producto Bruto Interno; en el 2035 aumentaría al 7,5% del PBI; y en el 2045 llegaría a 8,5% del PBI.

Para el IDESA, estos datos demuestran que aun recuperando el crecimiento económico, con las reglas actuales el gasto previsional tiende a crecer. Esto colisiona con el propósito de tener un Estado solvente para eliminar la inflación y promover el crecimiento económico. Por eso, diversos analistas vienen señalando que cambiar el sistema previsional es un tema estratégico.

La Argentina necesita un ordenamiento previsional, para respetar los derechos adquiridos de los actuales jubilados y adaptar las normas previsionales para que sean cumplibles en el futuro.

Mientras buena parte de los jubilados se encuentra debajo de la línea de pobreza o de indigencia, tanto en el sistema nacional como en las Cajas provinciales, existen leyes especiales que permiten que grupos privilegiados de personas que ocuparon diferentes cargos de relevancia perciban cifras sumamente elevadas en concepto de jubilaciones, muy por encima de lo que cualquier sistema estatal de nuestro país puede sostener.

Se tendría que poner fin a situaciones que hoy no sólo no tienen ninguna justificación, sino que a su vez ponen en riesgo el futuro de las cuentas públicas. Luego de atender las urgencias más importantes, el próximo Gobierno nacional tendrá el desafío de hallar una solución definitiva para los problemas que presenta el sistema previsional.