Un caso de abuso sexual contra una niña volvió a conmover a la sociedad formoseña. Se trata esta vez de una pequeña de siete años que debió ser atendida en el Hospital de la Madre y el Niño a raíz de las heridas recibidas durante un ataque sufrido, según todo parece indicar, dentro de su propio hogar. La madre y su pareja permanecen detenidos mientras se investiga.

Sin ánimo de prejuzgar ni mucho menos, debe señalarse que los delitos contra la integridad sexual de niños y niñas a menudo suelen darse dentro de viviendas familiares. Otro dato estadístico es que no se producen sólo en una clase social, sino que se presentan tanto en núcleos de niveles económicos bajos como en los medios y altos.

Lo cierto es que, el drama que se desarrolla en un escenario doméstico, todos sus miembros quedan comprometidos, tanto por acción como por omisión, ya que están quienes cometen el abuso y quienes, por innumerables razones, lo toleran y callan.

Mucho debe hacerse para poder obrar eficazmente contra este tipo de violencia que se encarniza con niños, niñas y adolescentes. Lo deseable es progresar en la prevención, para lo cual se requiere partir de una definición adecuada del acto de abuso, contar con estadísticas actualizadas relativas a todo el país, y una mejor organización y coordinación del trabajo entre los organismos estatales y no gubernamentales que se ocupan del cuidado de la minoridad.

Cuando la prevención falla, lo único que queda es investigar y juzgar estos gravísimos delitos con la severidad que ameritan. Una gran responsabilidad en la labor cotidiana de quienes ejercen y administran justicia.

No es posible diseñar un perfil del abusador de niños/as, aunque sí pueden señalarse coincidencias en la estructura de carácter, patrones de conducta que permiten descubrir un común denominador. En todos los casos, el objetivo es una satisfacción antinatural de sus deseos sexuales. No les importa que ese proceder vulnere gravemente a la víctima en su integridad física, psíquica y moral.

Se trata de una conducta antijurídica que atraviesa para siempre la reserva sexual de la persona agredida. Sin embargo, no siempre resulta fácil encontrar parámetros válidos para examinar la conducta de este tipo de atacantes.

El desafío aparece como una urgencia impostergable para la Justicia penal. Las víctimas, por su edad, presentan una comprensible dificultad comunicacional, asociada a sentimientos de vergüenza, culpa y complicidad que las invade o inmoviliza frente a su cobarde victimario, muchas veces un familiar.

Por lo pronto, el tema debe formar parte del debate público y merece -sin lugar a dudas- una mayor atención. Solamente con campañas intensas desde el Estado y un trabajo en conjunto con ONGs especializadas en la protección de la infancia se logrará avanzar en la lucha contra este delito.