Un nuevo año electoral transcurre entre promesas de campaña y expectativas por lo que -en instancias administrativas y judiciales, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluida- se resuelva respecto a distintas candidaturas.

En lo que atañe a Formosa, preocupa la lluvia de impugnaciones ante el Tribunal Electoral Permanente (35 en total: 30 contra intendentes, dos contra el actual gobernador y una contra Fernando Carbajal), pero más aun la incertidumbre que crean otras presentaciones.

Está claro, como dijo la doctora Sandra Moreno, que “el TEP tiene las facultades para resolver las cuestiones electorales provinciales”. Difuso es, en cambio, el recorrido de los reclamos ante el Máximo Tribunal del país, dado que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que “no es competencia originaria de la Corte” decidir sobre si es constitucional o no la posibilidad de que Gildo Insfrán sea reelecto una y otra vez, pero advirtió que los cortesanos pueden considerar que se está frente a un “asunto extraordinario” y, por lo tanto, intervenir.

No es la primera vez que se judicializa la política en nuestro país. En casi cuatro décadas de vida democrática, incontables veces las dirigencias partidarias lo hicieron. Es más, la mayoría no pudo escapar a la tentación de buscar influenciar en las decisiones de jueces y juezas, desde el arbitrario manejo de la conformación de los tribunales superiores hasta la penetración ideológica y/o el sometimiento a quienes sólo pretendían ejercer el magisterio en forma independiente.

No está de más advertir que en una Nación con ejercicio de un presidencialismo fuerte, como la Argentina, la correcta división de poderes garantiza a la ciudadanía el derecho de vivir en libertad. Una Justicia independiente solidifica al denominado Estado de derecho que identifica a una República en la cual los distintos poderes públicos se encuentran sometidos por igual al imperio de la ley.

En ese contexto, la Justicia debe ser independiente para lograr encauzar a los otros dos poderes cuando sus acciones salgan del derrotero indicado por la legislación vigente. El escenario de confrontación política en el que suelen quedar inmersos el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, debe potenciar naturalmente el papel arbitral que se requiere de un Poder Judicial totalmente despojado de los intereses que mueven a la lógica puja partidaria.

Por el contrario, en estos casos la inacción de la Justicia suele derivar en un camino irreversible a las prácticas autoritarias, si el Ejecutivo goza de respaldo legislativo suficiente, o a un conflicto de poderes de difícil solución cuando las fuerzas partidarias están en paridad y no hay lucidez ni capacidad en su seno para destrabar una crisis por la vía del consenso y el diálogo.

Así y todo, si algo necesita la Patria es que no exista una Justicia adicta a ningún sector y que se garantice el libre ejercicio de la función judicial en todas sus instancias. Porque como está de sobra demostrado, cuando se fuerza la entrada de la política por la puerta de un Tribunal, la Justicia huye por la ventana.