Las leyes de nuestro país son contundentes: toda persona que advierta maltrato o abuso a niños, niñas o adolescentes está obligada a denunciarlo. En particular, los docentes tienen el deber legal (además de moral) de actuar cuando detecten situaciones de riesgo.

La violencia infantil está penalizada por la Constitución Argentina y por legislaciones nacionales y provinciales. El amplio plexo normativo indica con claridad que cualquier vulneración de los derechos de la niñez es de interés público. Por ende, hay que intervenir.
Las provincias, además, han establecido que los educadores, considerados funcionarios públicos, tienen la obligación de comunicar las situaciones que pongan en peligro la integridad de los chicos/as.

Es que el maltrato infantil, ocurra tanto en contextos públicos como privados, es un asunto de todos y de todas. Es de interés social. El problema se presenta cuando el Estado en su conjunto fracasa en la contención social y permite que se deterioren las condiciones de vida básica de las familias, condenando a la indigencia al 15 por ciento de su población infantil.

O sea que mientras por un lado los gobiernos -el nacional y los provinciales- se han ocupado de blindar a nivel legislativo los derechos de la niñez, en la práctica atentan contra ellos ejerciendo maltrato con políticas públicas que castigan, especialmente, a niños y niñas menores de 14 años.

No estamos hablando de pobreza (escasez de algunas cosas necesarias para vivir dignamente) sino de indigencia (falta de recursos básicos para subsistir), esto es, de criaturas con dificultades serias para comer.

Como ya hemos dicho aquí, la mala alimentación de millones de chicos/as en la Argentina combina problemas culturales y económicos que deben ser superados mediante acciones decididas de parte del Estado.

Así como la pobreza, la indigencia es la cruda derivación de una brecha social que se agiganta y que golpea a los sectores más vulnerables de la comunidad. Este diagnóstico adquiere un grado de gravedad superlativo toda vez que las inequidades y las malas políticas públicas en materia de asistencia social afectan nada menos que la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

Mientras gobernantes y dirigentes políticos de todo el país se encuentran abstraídos/as por los intereses electorales en danza, más del 15 por ciento de la población infantil no come bien todos los días. Y no hablamos sólo de la falta de desayuno, sino de situaciones nutricionalmente inadecuadas o insuficientes (léase, ausencia de un plato de comida importante al día).

Así como otros, el indicador que nos ocupa expone una realidad acorde con un modelo económico y social que va dejando a millones de personas al margen de los estándares elementales de vida.

Gobernantes y candidatos/as deberían tomar nota urgente de este atentado social y establecer, como mínimo, un acuerdo base para desactivarlo cuanto antes, más allá de cualquier diferencia política en otras áreas. El futuro está en juego.