La Argentina requiere una política cultural abierta y acertada en lo referente a sostener la actividad editorial en el país. Las elecciones generales de octubre abren la posibilidad de discutir políticas serias en lo referente a esta área, para evitar los errores cometidos durante los últimos años y crear las condiciones que permitan promover una auténtica inclusión de las lectorías y de los actores sociales involucrados en la elaboración y la comercialización de libros.

Hace algunos años, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA), con el fin de propiciar el desarrollo de políticas para la difusión y distribución del libro en todo el territorio del país, fomentando y garantizando el acceso igualitario a cada obra publicada y a la lectura. Otro objetivo de esa institución sería contribuir al afianzamiento de los derechos de autores, traductores y diferentes actores que intervienen en el circuito del libro.

En este contexto, varios editores afirman que la clave es que las políticas, además de ser universales y plurales en cuanto a contenidos, sean coordinadas con el sector y sostenidas en el tiempo, porque eso garantizará que la actividad editorial se vuelva sustentable, más allá de las orientaciones que presenten los gobiernos de turno. Entonces, la convergencia entre actores públicos y referentes privados resulta indispensable.

Cabe señalar que el sector editorial sufre una profunda inestabilidad desde hace varios años, que trae consigo varias peripecias: escasez de insumos, aumentos arbitrarios, mercados concentrados que no alcanzan a cubrir la producción local y falta de regulación e intervención estatal.

Si bien esta contingencia tiene varios años de antigüedad, recientemente se agudizó aún más. Durante 2022 el papel aumentó un 150%, porcentaje muy por encima del nivel inflacionario. Por su parte, el papel ilustración que a menudo se utiliza para tapas e interiores de libros infantiles, se incrementó en un 300%.

A partir de ello, la Cámara Argentina del Libro (CAL) -entidad que aglutina a editoriales medianas y pequeñas- viene alertando sobre la gravedad de esta problemática, en un mercado cada vez más empobrecido y que requiere nuevas políticas públicas que permitan sostener la labor del sector. Las medidas orientadas a esta actividad deberían incluir, además de la creación del INLA, rebajas impositivas para quienes editan libros, entre otras acciones que pueden proponer los funcionarios, los legisladores y diferentes sectores relacionados con el rubro.

El país necesita herramientas que garanticen un sostenimiento de la actividad editorial, al igual que la provisión de libros para diferentes ámbitos del sistema educativo y, sobre todo, para las personas de menores recursos. Eso puede lograrse a través de la creación del Instituto Nacional del Libro Argentino u otros instrumentos que faciliten el sostenimiento de políticas de Estado en lo referente a Cultura y Educación.