Ayer a la tarde el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un "estado paralelo, una mafia judicial".
Para el diputado nacional por Formosa de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, el veredicto dictado por la justicia “fue mesurado y razonable, teniendo como virtud la imparcialidad en el fallo que, inicialmente la fiscalía pidió más pena y el Tribunal entendió que el delito en la obra pública no configuró la categoría de asociación ilícita”.
“Si buscamos una mirada más extrema, la condena de seis años tiene gusto a poco; pero en definitiva da en el punto justo. Saber cuándo la sentencia quedará firme luego de las apelaciones es impredecible. Lo importante acá, a diferencia de la condena a Carlos Menem, otro ex presidente juzgado por corrupción, es que Cristina tendrá que devolver al estado la plata que se llevó en el marco de este delito”, apuntó el legislador en diálogo con La Mañana en Vivo.
Candidata
En la comunicación, Carbajal explicó que los fundamentos del veredicto emitido ayer por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones. La sentencia quedará firme cuando se agoten todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema haya respondido todos los planteos que le lleguen.
“Aún para el año que viene, de elecciones, la sentencia no estará firme, porque es un proceso que lleva tiempo. Por lo tanto, Cristina podría ser candidata, pero su condición de condena por corrupción le impedirá asumir el cargo, en caso de ser elegida. Y hay un antecedente en este sentido: ella misma votó en el Senado la inhabilidad moral en el caso de “Tato” Romero Feris cuando fue electo legislador por Corrientes y no se le permitió tomar la banca”, refirió.
Y agregó: "En consecuencia, alguien que está condenado por hechos gravísimos de corrupción contra el estado, por más de que no sea ejecutable, no estaría en condiciones de asumir un cargo, queda directamente inhabilitado ética y moralmente”.