En un país en el que la brecha social tiende a ensancharse y en el que los sectores situados por debajo de la línea de pobreza están cada vez más extendidos, los emprendimientos de carácter solidario tienen un valor y un significado que no pueden ser desconocidos.
Si pensar en el prójimo para darle apoyo, aliviar sus padecimientos y contribuir a elevar su calidad de vida es cumplir un mandato que tiene antiguas raíces culturales, religiosas y filosóficas, darle un encuadre institucional a todo ese quehacer solidario, organizando y sistematizando sus loables y necesarios empeños, sería dar respuesta a los requerimientos de una realidad económica y social que día tras día plantea desafíos más complejos, sobre todo, en el Norte argentino.
Existe, desde hace años, un altísimo número de organizaciones no gubernamentales (ONG) que dedican sus esfuerzos a finalidades de bien común, de ayuda mutua, de progreso y mejoramiento de los niveles generales de convivencia o de asistencia a los núcleos sociales más desprotegidos. Esas entidades han adoptado, históricamente, las más variadas modalidades: el cooperativismo, la mutualidad, el asistencialismo de base religiosa o filantrópica, la común pertenencia a un origen étnico o nacionalidad o la defensa de intereses vecinales, por mencionar sólo algunas de las más tradicionales.
Sin embargo, algunas organizaciones sociales -como otros sectores del quehacer nacional- han sido invadidas por el germen de la corrupción; flagelo que les ha traído también a ellas una pérdida de credibilidad contagiosa, agravada por conductas piqueteras que la ciudadanía rechaza mayoritariamente.
Así pues, numerosas actividades que realizan estos grupos están hoy bajo sospecha. Hasta el funcionamiento de comedores comunitarios que reciben -o recibían- aportes estatales se halla bajo la lupa. Y está bien que así sea, porque si algo debe ser transparente en un país con semejante pobreza, es la solidaridad.
El problema es que mientras se suspenden determinadas asistencias, buscando una mayor eficiencia y claridad en la política social, las necesidades de los sectores vulnerables crece al ritmo del desamparo transitorio. Por eso, cuanto más se tarde en encontrarle una solución a este drama, más difícil resultará superarlo.
Atentos a los ajustes que bajan de Nación, los gobiernos provinciales y los municipios tratan de paliar la situación alarmante. En Formosa, por ejemplo, se desarrolla el programa Soberanía Alimentaria, junto a ferias de emprendedores que intentan generar canales de comercialización de alimentos más económicos para las familias.
Como dijimos, el encuadre institucional es fundamental para motorizar la solidaridad organizada. De la solidaridad suele decirse, con razón, que favorece tanto o más al que la presta que al que la recibe. Es un principio moral que todos los miembros de la sociedad deberían tener presente. Pero eso no significa desconocer la necesidad de erradicar las falsas organizaciones sociales, y que el esfuerzo mayor debe recaer, indefectiblemente, sobre quienes más tienen.