Desde la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Provincia se solicitó al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación, Daniel Osvaldo Scioli, y a la subsecretaria de Ambiente, Dra. Ana María Vidal de Lamas, que impulsen las acciones y gestiones necesarias dentro de sus competencias, “con el objeto de investigar, determinar y cuantificar los impactos negativos de las numerosas arroceras ubicadas especialmente en el Departamento Ñeembucú y otros de la República del Paraguay, que desde hace meses vienen quitando agua cruda del río Paraguay” para sus actividades productivas.
En tal sentido, recordó que el río Paraguay es un curso hídrico que nace en Brasil, pasa por Bolivia, cruza Paraguay y desemboca en Argentina, constituyéndose en uno de los principales cauces de agua de Sudamérica y un importante corredor de la hidrovía Paraguay - Paraná que se extiende por más de 3.400 kilómetros de largo y conecta la producción de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay con el Océano Atlántico.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los productores arroceros paraguayos toman aguas del río “mediante potentes motobombas, que posteriormente son destinadas al riego y mantenimiento de estos sembradíos, además de haber abierto importantes canales de unos 20 metros de ancho que transportan millones de litros de agua del río antes citado, con el agravante que luego es devuelta con residuos tóxicos (fertilizantes), afectando de esta manera a todas las poblaciones y usuarios que se ubican aguas abajo”.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que “el río Paraguay posee en la actualidad un nivel de agua que se ubica en -0,50 metros, conforme hidrómetros, lo que afecta a las tomas de agua locales en aproximadamente un 15% menos de los caudales que habitualmente pueden acceder, con lo cual, la producción de agua potable se ve gravemente disminuida y esto afecta a todos los barrios de nuestra ciudad”.
Indicó que esta situación “es producto de la fuerte sequía en la Amazonia y el Pantanal brasileños que ha provocado que el río Paraguay alcance los niveles de agua más bajos en más de un siglo, afectando a millones de personas, como así también al transporte en esta importante vía fluvial”.
“En este contexto es que consideramos necesario que el Estado nacional, a través de su Secretaría de Ambiente, averigüe y calcule rápidamente el accionar de estas empresas que vienen realizando un uso abusivo e irracional de las aguas de un río internacional, situación ésta que se ve agravada por el aumento de las prolongadas sequías, siendo necesario que si están utilizando mayores cantidades de agua a las autorizadas o provocando daño a los cauces hídricos o al ecosistema, además de alterar los niveles hídricos para intereses particulares, se adopten medidas correctivas que neutralicen todas estas irregularidades”, reclamó Gialluca.
El defensor informó que se requirió, además, intervención a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en las personas de Gabriel Savino, defensor del Pueblo de Santa Fe, en su carácter de vicepresidente de dicha entidad, y del secretario Técnico, Ismael Rins, defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.