La política argentina no sólo está plagada de hechos de corrupción. También el transfuguismo se ha convertido en una marca registrada que no deja de generar sospechas, las cuales a veces son despertadas por conductas inesperadas como las asumidas esta semana por cinco diputados nacionales de la Unión Cívica Radical que, el miércoles, terminaron apoyando el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, después de haber sido parte ellos mismos de su aprobación en primera instancia.

No le hacen ningún favor a la credibilidad de la dirigencia este tipo de contradicciones. Por el contrario, agravan la imagen de una “casta” que, con la incorporación de libertarios/as dispuestos a negociar a cualquier precio una ley o un veto, se muestra más robusta y oscura.

La ciencia política ha escrito mucho sobre el transfuguismo (el pase de un partido o bando militar hacia otro), pero fue el saber popular el que puso en su justo término a la cuestión cuando extendió el significado de “tránsfuga” a uno que no está en el diccionario, pero que lo representa cabalmente: “tramposo, ladrón, delincuente, no confiable”.

El caso es que la “borocotización” (como se conoce en la Argentina a este fenómeno desde el sonado salto del médico Eduardo Lorenzo “Borocotó” del PRO al kirchnerismo en 2005) “cotiza”, valga el juego de palabras. Y “cotiza” alto en nuestro país, donde muchas veces ni falta hace que un legislador/a cambie de camiseta; basta con que suba o baje la mano según los intereses de quien acaba de cooptarlo.

Pero el costo más pesado no es lo que salen los “pases” (cargos, nombramientos, efectivo, depósitos, favores, viajes, etc.), sino la defraudación al mandato popular: te elijo para una cosa y hacés exactamente lo contrario. O lo que es peor: vetar una norma después de haberla propuesto, o de haber contribuido a su sanción.

Ese quiebre del contrato que debería unir al ciudadano/a con su representante degrada a las instituciones, desprestigia a la política y aleja cada vez más a las personas honestas de la cosa pública. Además, pone en pie de igualdad ante los ojos ciudadanos a todas y todos los que ejercen una representación política, se hallen o no favorecidos por el precio que se paga por determinados “pases”.

Los vaivenes partidarios y la facilidad de muchos políticos para cambiarse de bando se han vuelto moneda corriente en la Argentina, lo que revela una decadencia en valores e ideario de nuestros dirigentes. Estas historias no son nuevas en el período democrático que se inició en 1983, pero de un tiempo a esta parte alcanzaron una preocupante notoriedad.

En el país en el que parecen haberse puesto de moda las actitudes “borocotianas”, que tanto daño le terminan causando a las instituciones de la República, se necesita contrarrestarlas con una importante claridad en las ideas que sostengan y den preeminencia al sistema por sobre las actitudes de quienes pretenden conducirnos o representarnos.

Esto parece obvio para toda sociedad civilizada, pero acá debemos señalarlo claramente en razón de los acontecimientos que se repiten y que despiertan sospechas fundadas.