La crisis económica está causando estragos en los hogares argentinos y particularmente en la vida de miles de familias formoseñas. Los bajos salarios -con una pérdida de poder adquisitivo brutal en los últimos meses- y las jubilaciones paupérrimas se enfrentan a tarifazos y aumentos de todo tipo que obligan no sólo a recortar servicios como un modo de “ajustar las cuentas”, sino a tomar medidas más drásticas como prescindir de medicamentos, un bien social.
En vísperas del Día del Maestro, la secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Beatriz Patiño, pintó la situación del sector puntualizando que “Internet es uno de los rubros que desapareció en varios hogares”, porque muchos trabajadores/as de la educación ya no pueden solventar dicho servicio.
La reducción de gastos, cabe aclarar, excede el campo docente. Miles de otros empleados/as en relación de dependencia, cuentapropistas y jubilados/as vienen renunciando a distintos servicios o gestionando planes más accesibles, por ejemplo, de prepaga, televisión por cable, telefonía digital, Internet, etc. Pero en muchos casos se encuentran con un problema grave: trabas por parte de algunas empresas, veloces a la hora de capturar clientes pero desdeñosas al momento de liberarlos.
Esta mala conducta empresaria siempre existió, pero hoy se nota mucho más por las urgencias económicas a la vista. Frente a ello, y a la incertidumbre que sigue reinando, la ciudadanía debería contar con un papel mucho más activo del Estado para proteger sus derechos. Y acá viene el segundo gran problema: el Estado pareciera ya no estar ni siquiera para eso. Así las cosas, las y los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados enfrentan a diario situaciones conflictivas sin que ningún organismo público se inmute siquiera.
Es cierto que en los últimos años hubo un avance significativo en la conciencia de que los consumidores/as tienen derecho a defender sus intereses (esto se reflejó claramente en el ordenamiento legal: el artículo 42 de la Constitución reformada en 1994 establece el derecho de los consumidores y la ley 24.240 los especificó); pero desde el punto de vista de las empresas que crean o comercializan productos y actividades, todavía queda un largo trecho por recorrer para mejorar los vínculos con las y los clientes. Ello supone un cambio profundo en los hábitos comerciales que han prevalecido en la Argentina, poco respetuosos de los consumidores/as.
En momentos de crisis como el actual, los defectos arraigados se hacen más evidentes, por lo que urge insistir en la necesidad de, por lo menos, mayor asesoramiento en general. No estaría de más difundir una guía de los derechos de las y los consumidores, y un listado de los organismos, entes de control y asociaciones defensoras, si es que en Formosa todavía queda alguna activa.
Más allá del signo político, las autoridades públicas deberían crear los canales apropiados para que la gente pueda efectivizar sus quejas y obtener soluciones oportunas. Porque sólo la existencia de mecanismos ciertos para viabilizar un reclamo lo hacen efectivo.