El juez Julián Ercolini ordenó embargar más de $ 105 millones de comisiones que el Estado nacional le adeuda al broker Héctor Martínez Sosa, y a otras nueve personas investigadas en la causa Nación Seguros.
Según pudo saber TN, son pagos de contratos del año pasado que debería cobrar el empresario, amigo de Alberto Fernández y esposo de su exsecretaria María Cantero, que habría actuado como intermediario en distintas contrataciones de aseguradoras de organismos públicos.
“Resuelvo decretar el embargo preventivo de las comisiones pertenecientes a las pólizas del sector público, comprendidas en el Decreto 823/21, respecto a Héctor Martínez Sosa & Cía. S.A., por la suma de $ 105.841.439,66″, detalló el magistrado.
El embargo también incluye a Castello Mercuri S.A., por $ 1.283.175,79; a Paris Broker de Seguros S.A., por $ 46.501,42; a Bri Brokers S.A., por la suma de $ 51.891.434,01; a Net Broker S.A., por un total de $ 13.274.722,76; Service Risk S.A., por $ 255.513,31; Emanuel Raúl Andrés Calvo, por la suma de $ 5.314.258,32; a Laura Elena Crisafulli, por $ 686.922,53; Norberto Matías Garrido, por $ 2.736.613,92; y Javier Marcelo Rodríguez Gómez, por la suma de $ 490.836,35.
Alberto Fernández denunció una “persecución política basada en noticias falsas”
El expresidente Alberto Fernández se defendió en la causa por la posible defraudación millonaria al Estado a través de la contratación de Nación Seguros. El exmandatario habló de una “persecución política” basada en “noticias falsas”, en un escrito que presentó ante la Justicia.
Además dijo que no favoreció al broker Héctor Martínez Sosa, imputado en el expediente al igual que él, por presuntas irregularidades en contrataciones de las aseguradoras.
El exmandatario dijo en un escrito que presentó ante el juez federal Julián Ercolini, que el decreto que determinó la obligatoriedad de contratar pólizas con Nación Seguros apuntaba a que las primas no fueran para “empresas extranjeras”.
El presidente, Alberto Fernández, en la llegada al Congreso el 1° de marzo, en su última apertura de sesiones ordinarias (Foto: AP - Natacha Pisarenko).
Fernández además negó que haya favorecido al broker, imputado en la causa. El expresidente consignó en su defensa: “La idea de que el Decreto Nro. 823/2021 fue dictado para beneficiarlo (en relación a Martínez Sosa) es absurda, toda vez que la mayoría de los contratos en los que intervino son previos a mi asunción como Presidente”.
“Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”, expresó.