De tan polémica, la postulación del controvertido juez federal Ariel Lijo para ocupar un cargo en la Corte Suprema llegó al extremo de dividir aguas dentro del propio oficialismo nacional. En efecto, al fuerte rechazo de amplios sectores de la oposición, y a la firme postura en contra del principal socio político de La Libertad Avanza, Mauricio Macri -consideró “un error” tal nominación y así se lo hizo saber, dijo, al presidente Javier Milei-, se le suman cuestionamientos más internos aún, como los del senador formoseño Francisco Paoltroni, quien en declaraciones a La Mañana calificó de “nefasta” la posible llegada de Lijo al Máximo Tribunal de la Nación, porque “va totalmente en contra de generar confianza” para tener “una justicia independiente”. Buen punto este para reflexionar acerca de lo que representa, o mejor dicho lo que debería representar la figura de un juez/a.
Las y los magistrados del Poder Judicial deben ceñirse a obligaciones y deberes por cumplir en el desempeño de sus labores. La ética judicial es un aspecto de gran importancia que deben observar sus integrantes. Una de las exigencias fundamentales es la independencia funcional, que, junto a la imparcialidad, constituyen un ámbito de libertad y necesaria equidistancia de factores exógenos en sus decisiones o pronunciamientos.
A la par, las y los jueces encuentran prohibiciones y limitaciones específicas, tales como intromisión en otras áreas; en particular, la política, con lo que podría verse seriamente sospechada su ecuanimidad y objetividad. Las opiniones periodísticas de jueces y juezas sobre política u otras formas de expresión pública de naturaleza política no se compadecen con las tareas propias que les corresponden.
Normativas y códigos sobre ética judicial establecen con claridad los principios fundamentales que determinan la función judicial y sus consiguientes deberes y prohibiciones, con el propósito de lograr la mejor satisfacción a los objetivos implicados en el servicio de justicia.
Entre los deberes se encuentra el que prohíbe la participación en actos o reuniones de índole político partidaria y la emisión de comentarios o afirmaciones que se traduzcan en una filiación, simpatía, crítica o valoración tendenciosa en el plano político.
Juezas y jueces tienen prohibido utilizar el prestigio de su cargo para promover cuestiones ajenas a la función judicial. La mayoría no lo hace, aunque algunos sí despiertan sospechas con sus fallos, como las que supo generar el doctor Lijo en las últimas décadas. Por algo tanta polémica alrededor de su nominación.
Pero hay algo más: están los funcionarios/as que van y vienen de la política a la justicia y viceversa, en una o más oportunidades, durante distintos gobiernos. Ellos/as también cargan sobre sus espaldas con el estigma de la participación partidaria activa.
La sociedad, con énfasis, demanda credibilidad en el sistema de justicia. Por eso, aun cuando se hagan esfuerzos por ser independientes en el ejercicio de una magistratura, vale tener siempre presente aquella exigencia del César a Pompeya: “ser y parecer”.