La Defensoría del Pueblo de la provincia denunció este lunes "la falta de voluntad política del Gobierno nacional para erradicar la desleal cartelización en el sector de los alimentos, que ha producido la desaparición de las PyMEs y ahora golpea gravemente la capacidad de consumo de los argentinos".
Al respecto, el organismo que dirige José Leonardo Gialluca aseguró que en base a "centenares de reclamos y consultas" que recibió la Defensoría en los últimos meses, "nos encontramos en condiciones de afirmar que a los consumidores y grupos familiares asalariados del sector público y privado no les alcanzan sus ingresos para cubrir la compra de todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria, aun eligiendo segundas o terceras marcas".
Sostuvo que ello se debe a que "las remarcaciones de precios no se detienen y además tienen que hacer frente a las facturas de energía eléctrica, agua potable, impuestos, tasas y en muchos casos alquileres, situación que golpea fuertemente a changarines, obreros de la construcción y cuentapropistas que no poseen una suma determinada de ingresos quincenal o mensualmente".
El ombudsman provincial también denunció que "gran cantidad de consumidores, por un lado se retrasan en el pago de préstamos y tarjetas, y otro gran grupo está utilizando las tarjetas de crédito para pagar las facturas de luz y de agua, servicios esenciales para que no se los corten. Y todo ello ocasiona que estas deudas sean abonadas mediante los saldos mínimos, por lo cual se deben tener en cuenta los altísimos intereses de este tipo de operaciones".
Cartelización
Por otra parte, reclamó formalmente al actual ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne; a Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros; y al presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Manuel Greco, "que se hagan cargo y adopten las medidas urgentes y necesarias para desarticular la cartelización de la cadena de comercialización de alimentos, maniobra que es llevada a cabo por las grandes productoras alimentarias, las cadenas supermercados y las multinacionales del rubro".
"Es por esto que existe un aumento descontrolado de los precios, los productos alimenticios ya no pueden ser adquiridos por los consumidores y, como no hay competencia, podemos ver en todos los supermercados y en las grandes cadenas que a los clientes se les ofrece engañosamente hasta 70 u 80% de descuento en la segunda unidad", denunció.
Según Gialluca, "los consumidores piden y exigen que el Gobierno nacional ponga en marcha alguna medida para que los precios de los alimentos no se continúen disparando, que fomente la competencia, que al no existir ya las PyMEs y al haber quedado toda la producción en no más de 10 empresas en la Argentina, por lo menos se les exija a las mismas que en las góndolas se coloquen productos de todas las firmas, que haya mayor participación, y no como ahora, que se dividen las regiones, las provincias, las cadenas de supermercados, las propias góndolas y todas las ganancias se las llevan unos pocos".
El defensor del Pueblo denunció que "es más que evidente la inexistencia de una voluntad política para erradicar la cartelización en los alimentos, como así también la existente en los productos de higiene personal, medicamentos y los monopolios en la generación y transporte de energía. Este panorama está determinando que todos los días existan más pobres, más indigentes y quienes los fabrican son los dueños de las multinacionales, de las grandes cadenas de supermercados y el mismísimo Gobierno nacional", concluyó.