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POSTURA

La APDH sostiene que bajar la edad de imputabilidad de los menores “no resuelve el problema de la delincuencia”

Desde el organismo de derechos humanos consideran que la medida es regresiva e ineficaz frente al problema de la inseguridad en el país



Desde marzo de este año, el Gobierno nacional instaló en el debate público la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad en los menores a 13 o 14 años, en el marco de su política contra la inseguridad y la búsqueda de reformar el régimen penal juvenil vigente que contempla sanciones para la comisión de un delito desde los 16 hasta los 18.

Al respecto, la psicóloga y referente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Alejandra Carrizo, sostuvo que la medida oficial no resolverá el problema de la delincuencia juvenil en la Argentina y argumentó que “los hechos delictivos cometidos por adolescentes y menores de 14 años son ínfimos” en las estadísticas nacionales.

“Bajar la edad de imputabilidad en los menores no es un debate nuevo a nivel país. Es una medida que aparece o coincide con gobiernos dictatoriales o neoliberales, con una fuerte impronta de la derecha que intenta siempre tomar decisiones que son regresivas y van en contra de los derechos conquistados, lo cual es absolutamente inconstitucional”, opinó Carrizo.

En su postura, dijo que la APDH se opone a cualquier intento de bajar la edad punitiva en los menores “porque la decisión no resuelve el fondo del problema” ni tiene un impacto efectivo en los índices delictuales, recordando que el primer antecedente de protección a las infancias en Argentina fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño, consagrada luego en la Ley 26.061 de protección integral de los niños, las niñas y adolescentes hasta los 18 años, “justamente instaurando una mirada amplia sobre las infancias y adolescencias e individualizando a la persona como sujeto de derecho y no como un objeto de tutela del Estado, adhiriendo una concepción compleja y humanizante a las problemáticas vinculadas al delito y la criminalidad”.

En este sentido, Carrizo señaló que “un niño o adolescente cuando comete un delito, no llega a esa instancia o acción delictiva sin antes no haber sufrido una larga historia de vulnerabilidad a su propia condición de sujeto de derecho”, argumentando que “una medida estrictamente punitiva o de castigo contra un menor no resuelve el problema de inseguridad ni alivia el dolor de los familiares de las víctimas”.

“Cuando un niño protagoniza un delito, es porque fue llevado por una persona adulta de mayor poder, que se aprovecha de esa condición y lo usa como instrumento para otra cosa”, agregó la especialista.

En sus declaraciones con La Mañana, Carrizo afirmó que el sistema carcelario en el país no está en condiciones de albergar a la población juvenil que necesita un proceso de re sociabilización para nuevamente reinsertarse a la sociedad.

“No tienen procesos de auditoría y vigilancia que contempla la ley y permiten conocer las condiciones de vida de esas personas que cometieron algún tipo de delito, que necesitan una sanción o medida disciplinaria, pero con una mirada o perspectiva humanizante compleja para una adecuada re sociabilización, despegado del castigo meramente”, indicó.

Fundamentando que la baja de la imputabilidad en los menores no tiene un impacto efectivo en la política contra la inseguridad, Carrizo mencionó que las estadísticas nacionales marcan que “sólo un ínfimo porcentaje de los delitos en el país son cometidos por adolescentes y menores de 14 años”.

Para cerrar, sugirió pensar en medidas alternativas a las puramente punitivas y restrictivas que plantea el Gobierno, apuntando a que las “leyes existentes, que tienen tantos pendientes, se cumplan siempre vinculadas a todos los organismos de protección de derechos, que actualmente presentan carencias, ausencias y debilidades en las instituciones”, dejando en claro que “no hay que crear más leyes ni tampoco aumentar las instituciones de encierro, sino hay que intentar que lo que existe funcione y se ajuste a derecho”.



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