Las pequeñas y medianas empresas son en la Argentina la principal fuente de trabajo actual (genera alrededor del 70 por ciento del empleo privado) y a futuro. Es sobre la estructura PyMe -y su desarrollo- donde descansa la posibilidad de que más y más personas -jóvenes y maduras- se incorporen al sistema laboral formal.
Hace años que se insiste en la necesidad de fortalecer este sector. Al efecto, y durante distintos gobiernos, se han dictado y reglamentado normas para que el Estado facilite su crecimiento y simplifique su funcionamiento. Sin embargo, en un país que vive en emergencia económica, las PyMEs que no han cerrado siguen siendo apenas sobrevivientes de una crisis tras otra.
Una opinión compartida por especialistas sostiene que las pequeñas y medianas empresas argentinas no han tenido nunca, en las últimas décadas, el Estado a favor, sino en contra; y atribuyen al mismo Estado gran parte de la responsabilidad por su falta de competitividad. Como si el Estado se hubiese convertido en el principal obstáculo que impide su desarrollo en vez de facilitarles su accionar.
El objetivo central de las PyMEs no es otro que generar el trabajo formal que el pesado aparato estatal y las grandes empresas ya no están en condiciones de hacer. En provincias como Formosa, donde el mayor empleador es el Estado y el sector privado no tiene la fortaleza que exhibe en otras jurisdicciones, su rol es fundamental.
Las pequeñas y medianas empresas necesitan crecer para poder tomar más empleados, y cuando se indaga sobre las trabas que encuentran para ello aparecen, siempre, la presión impositiva y las cargas laborales, además de dificultades para invertir en innovación y tecnología y para acceder a financiamiento, y la burocracia que todavía encuentran en algunos organismos estatales. Por eso reclaman, entre otras cosas, que se les genere demanda a través de inversión, que se les simplifique la cuestión impositiva de los trámites, que se les mejore el financiamiento.
Una pregunta que surge es hasta dónde debería llegar el acompañamiento estatal, ya que hay posturas diferentes en ese sentido. Pero si como las mismas autoridades del sector lo reconocen, las PyMEs son sobrevivientes de gobiernos que han creado un sinfín de situaciones económicas desastrosas, el Estado debe hacerse cargo y, cuanto menos, dejar de actuar en contra.
A pesar de no haber tenido nada a favor durante tanto tiempo, las pequeñas y medianas empresas del país mantienen esa inmensa cuota de casi tres cuartas partes del empleo privado, lo cual representa millones de puestos de trabajo. Pero darían muchísimo más si fueran valoradas en su justa dimensión.
La Argentina y también Formosa necesitan PyMEs que sean protagonistas, que puedan captar mercado y para las cuales crecer resulte un aliciente y no un problema como suele serlo en muchos casos.
Para ello, los funcionarios de las áreas competentes deben trabajar con ahínco en la remoción de los obstáculos que subsisten en la administración pública nacional, provincial y municipal. Porque es una cuestión de Estado devolverle competitividad al sector.