La Defensoría del Pueblo propuso como alternativa para solventar los subsidios a la tarifa energética (Tarifa Social) y al transporte, un impuesto a la riqueza sobre los bienes y cuentas bancarias de los argentinos en el exterior, que advirtió "ascienden a unos 100.000 millones de dólares y que actualmente no tributan nada".
"De esta forma, Formosa y otras provincias podríamos tener partidas extras para restablecer la Tarifa Social Eléctrica y afrontar los subsidios al transporte, puesto que si no hay ningún mecanismo de compensación, a los usuarios se les hará imposible pagar el costo de estos servicios que hoy se encuentran dolarizados", fundamentó José Leonardo Gialluca.
A pesar de la medida dada a conocer ayer del fin de la Tarifa Social a partir del 1° de enero, Gialluca informó que la Defensoría del Pueblo continúa recibiendo los pedidos de la gente para ser incluidos en el beneficio, pero al mismo tiempo se les advierte que "hasta que se les otorgue la misma es muy posible que se encuentren con la lamentable decisión de eliminarla por parte del Gobierno nacional".
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