Si el peronismo da el quórum para habilitar el debate por el pedido de allanamiento a Cristina Kichner, el Senado podría aprobar mañana un proyecto de ley sobre extinción de dominio, proceso judicial por el cual se le facilitaría al Estado la recuperación de los bienes obtenidos mediante la comisión de delitos, en particular los asociados con la corrupción.
Sin acuerdo entre las principales bancadas, todo indica que terminará imponiéndose el dictamen impulsado por el PJ, el cual establece que el juicio por extinción de dominio recién podrá realizarse una vez que el acusado obtuvo sentencia de cámara en el fuero penal.
El oficialismo, por su parte, cuestiona por "gatopardista" el proyecto del PJ e impulsa una propuesta que busca acelerar el proceso. De acuerdo al texto elaborado por Cambiemos, la extinción de dominio tramitaría en el fuero civil y podría ser decidida aún cuando el acusado no tenga condena en el juicio penal.
El jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), defendió la iniciativa de su bancada y aseguró que el Congreso "debe hacer normas que garanticen el debido proceso, permitir que el imputado se defienda".
"Es un proceso de alta razonabilidad", agregó el rionegrino.
El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), criticó la propuesta del PJ, al asegurar que "lo único que hace es patear para adelante una definición e impedir que en lo inmediato se pueda recuperar lo robado".
"En la lucha contra la corrupción hay dos caras: Una es la ley del arrepentido, que nos posibilitó avanzar e investigar; y la otra cara, la que la sociedad reclama porque quiere que devuelvan la que se llevaron, se llama extinción de dominio", afirmó Naidenoff.
El kirchnerismo había firmado un tercer dictamen, pero hay versiones que indican que sumaría sus votos a la propuesta del PJ, luego de que el principal bloque de oposición aceptara incluir algunas de las propuestas contempladas en su proyecto.
Cualquiera de las dos opciones que logre imponerse, el proyecto volverá en segunda revisión a la Cámara de Diputados después de casi dos años de permanecer estancado en el Senado como consecuencia de las diferencias jurídicas y políticas que el tema generó al interior del peronismo y, a partir de este año, entre el PJ y el oficialismo.
Tras haber obtenido dictamen de consenso en noviembre de 2016, la iniciativa cayó en el olvido de manera más que sugestiva. Aquel despacho ya modificaba de manera sustancial el texto que la Cámara baja había aprobado en junio de aquel año, en base a los fuertes cuestionamientos expuestos ante dos comisiones del Senado por juristas, fiscales y magistrados, que habían coincido en criticar la violación de garantías constitucionales y procesales en las que incurría la iniciativa.
El debate volvió a reflotarse en los últimos dos meses al ritmo de una fuerte presión en las redes sociales y del escándalo de las revelaciones que involucran a las administraciones kirchneristas en casos de corrupción.