Confirmando su arrasadora irrupción en la política (aunque reniegue de ella), Javier Milei (La Libertad Avanza) será el próximo Presidente de la Nación. Su contundente triunfo de ayer en las urnas lo catapultó al sillón de Rivadavia, al que accederá recién el 10 de diciembre, pero con el que deberá familiarizarse de inmediato, pues el desafío de regresar la esperanza a los argentinos/as empieza hoy mismo.
Ardua tarea tendrá el próximo gobierno en la búsqueda del camino que nos permita volver a soñar después de tantas pesadillas. Una tarea que exigirá firmeza pero moderación al mismo tiempo, ya que se necesitará de mucho diálogo y de un alto grado de consenso para que las políticas públicas resulten fructíferas de verdad.
Para eso, más que la dimensión que vaya a adquirir el Estado, lo que realmente despierta expectativas es la dosis de eficiencia que pueda impregnarle a su gestión el próximo Gobierno.
Desde ya que harán falta inversiones para generar más trabajo y, de esa manera, ir sacando gente de la pobreza. Pero es el Estado el que da o quita competitividad a las empresas. Y acá viene la pregunta: ¿dónde está la diferencia entre un grupo empresario argentino y sus empleados/as -en materia de rentabilidad, posibilidades de progreso, tranquilidad de trabajar, ilusiones-, con uno de California, por ejemplo? En gran medida, en el mal funcionamiento colectivo de nuestra sociedad.
La falta de organización que emana del Estado, y de reglas básicas por cumplir, nos han llevado a esta situación. Más allá de las responsabilidades políticas compartidas, lo dramático es que la crisis la sufren tanto los empresarios/as como los trabajadores/as. No es un problema de explotación ni de vagancia; el problema es el contexto, que quita oportunidades de progreso.
El principal exponente de la ineficiencia social que hemos construido es el Estado, que durante años absorbió más a la sociedad de lo que ésta podía dar y, además, se encargó de cambiar sistemáticamente las reglas de juego y violar los contratos muchas veces consagrados en la Constitución Nacional.
Una sociedad razonable funciona separando el espacio individual del colectivo pero creando una estrecha vinculación entre ambos. Se organiza para que el Estado se encargue de aquellas cuestiones donde los particulares no tienen interés individual y que son valoradas por la sociedad. El sector privado contribuye con sus impuestos o -puede hacerlo- cediendo tiempo al espacio solidario.
En el mundo hay ejemplos para todos los gustos. Países como Suecia o Francia tienen una elevada participación del Estado en actividades sociales mientras que en otros -como Estados Unidos- hay menor participación estatal pero mucha tarea solidaria a pesar del individualismo. En Argentina, en cambio, tenemos un Estado grande pero con altas ineficiencias sociales. Todo un reflejo de nuestra dificultad para componer la relación entre lo individual y lo colectivo.
Por eso el gran desafío de la próxima administración nacional será construir un Estado mucho más eficiente y confiable, lo cual hará que también la política recupere credibilidad.