Qué hacer con el Estado sigue siendo uno de los grandes dilemas nacionales que, entre propuestas diametralmente opuestas, emerge con fuerza inusitada en la presente campaña electoral.

En un país ejemplar, valga la aclaración, el Estado es una estructura jurídico-política que tiene por finalidad satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Para ello, realiza funciones y brinda servicios públicos cuyo costo es solventado por los tributos que pagan las y los contribuyentes.

Así, pues, para que el Estado pueda cumplir dicha finalidad debe ser conducido por personas con adecuada formación técnica, que garantice eficacia, y con ética suficiente, que asegure honestidad. Si ello ocurre, el Estado contará con las herramientas necesarias para que la población se desarrolle de forma plena o, por lo menos, no sufra ningún tipo de desamparo.

El problema argentino es que no se cumplen los simples postulados enunciados en los párrafos anteriores. El Estado federal, los estados provinciales y los estados municipales no satisfacen de manera adecuada las necesidades básicas de la co­munidad.

Diversos factores producen este resultado. Entre otros: muchos organismos no son conducidos por personas con una formación técnica ade­cuada que conozcan en profundidad la administración de la cosa pública; se utiliza una parte importante de los recursos públicos para financiar aparatos político-partidarios; se cuenta con una enorme cantidad de personal que no tiene preparación adecuada o no recibe incentivos para ser buenas o buenos servidores públicos.

Algo más: algunos estados suelen desligarse de la prestación de servicios públicos básicos, a pesar de tener una exorbitante cantidad de empleados/as, y acuden al auxilio de las infaltables empresas privadas que se encargan de ello, previo acuerdo de partes. Por lo que detrás de la ineficacia estatal aparece, en muchos casos, un negocio privado.

En fin, las malas prácticas durante décadas, más un régimen federal mal entendido y peor aplicado, han generado una burocracia infernal, ineficiente y plagada de irregularidades que pocas veces la justicia investiga a fondo.

Ahora, no es cierto que un país pueda prescindir del Estado, como deslizan ciertos personajes libertarios. El Estado federal, en principio, debería tener a su cargo funciones y servicios públicos diferentes de los que se asignan a las provincias y municipios, a los fines de evitar una superposición de roles y actividades (ej: existen varias organizaciones de seguridad federales y provinciales, sin contar a las Fuerzas Armadas; sin embargo, la inseguridad está en el podio de los flagelos que nos azotan). Para peor, conviven legislaciones nacionales, provinciales y municipales contradictorias entre sí. Sin contar la diseminación de programas asistenciales.

La Argentina, como cualquier país del mundo, necesita un Estado. Pero no un Estado anómalo, ineficiente y salpicado de corrupción. Por eso es oportuno el debate sobre cómo mejorar el sector público, porque, así como estamos, no hay comunidad en el mundo que prospere y se desarrolle.