Hace ya varios años un exjuez federal local dio la voz de alarma al afirmar que una de las tantas batallas que se libran contra el narcotráfico estaba perdida. Aunque algunos lo malinterpretaron deduciendo que se refería, en general, a la batalla contra las drogas, aquel exmagistrado hablaba, específicamente, del ingreso y consumo de cocaína en Formosa.

No obstante la polémica que generó en su momento, esa declaración sirvió para tomar conciencia de la magnitud del problema, y fue, de alguna manera, el anticipo de preocupaciones mayores que hoy aparecen en escena en todo el país.

La venta y el consumo de drogas ilegales en la Argentina se ha incrementado a niveles devastadores, pese a las publicitadas políticas, sociales, sanitarias y de seguridad que ponen en marcha los gobiernos en su batalla (por ahora perdida, ahora sí en términos generales) para erradicar el flagelo del narcotráfico.

Los registros se revelan categóricos e inquietantes en algunas ciudades, pues señalan un significativo crecimiento del tráfico de drogas en zonas barriales con baja presencia policial, donde los grupos narcos se mueven con una impunidad escalofriante, constituyendo una suerte de poder paralelo. Aunque Rosario es hoy el paradigma de este fenómeno, los ejemplos abundan.

Los indicadores, cada vez peores, pueden seguirse en los informes comparativos sobre narcotráfico y las adicciones en la Argentina que elabora el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La venta de estupefacientes en los barrios, por caso, continúa en aumento, con un predominio de los grupos narcos en zonas urbanas con escasa presencia policial. De ahí los insistentes reclamos para que la Gendarmería se haga presente en distintos lugares.

Un dato estadístico que no es novedoso, pero que compromete de manera inexorable a enormes franjas de adolescentes que viven en condiciones sociales de marginalidad: el problema afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son las y los jóvenes, en especial aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras públicas, familiares y/o comunitarias de protección.

La problemática abarca regiones de todo el país, con preponderancia en conglomerados de mayor concentración poblacional (el conurbano bonaerense, el Área Metropolitana de Buenos Aires y Rosario, entre otras), aunque no pareciera haber provincia a salvo de este flagelo que lacera el tejido social y el desarrollo humano. Por cierto, Formosa -otrora provincia de paso, y no de consumo- no es ajena a este escenario más que aflictivo.

A esta altura no hacen falta informes para reflexionar que nada ha cambiado para bien en la lucha contra el narcotráfico. Al contrario, se siguen perdiendo batallas en todo el territorio nacional.

Es responsabilidad del Estado poner en agenda las políticas de prevención sanitaria en salvaguarda de un vasto sector de la comunidad consternado por las adicciones. Y, en materia de seguridad, encarar el combate sin tregua a los grupos narcos, antes que la desintegración social que ocasionan sea irreparable.