La decisión del gobierno nacional de otorgar más de 21.000 hectáreas a comunidades mapuches del sur de Mendoza generó una fuerte reacción de la administración local, donde se mostraron en desacuerdo con la medida de la gestión de Alberto Fernández. El gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, confirmó que pedirá que se declaren inconstitucionales las resoluciones que emanaron del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el sur de la provincia”, anunció Suárez en su cuenta de Twitter.
A ese mensaje adjuntó el pedido, donde menciona la publicación en el Boletín Oficial que le cedió tierras a las comunidades mapuches Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfv, en los departamentos de San Rafael y Malargüe. Desde el Ejecutivo provincial consideran que allí hay una ocupación.
“Me dirijo a usted a fin de instruirle de manera expresa para que de manera urgente se procedan a realizar los estudios necesarios y a iniciar ante los organismos competentes las presentaciones que pudieran corresponder a fin de obtener la revocatoria y/o nulidad y/o declración de inconstitucionalidad de las resoluciones”, plantea el documento, que también menciona que esta medida del Gobierno no fue consultada con Mendoza. Dijo el gobernador que no tuvieron “intervención ni participación”, y que la entrada en vigencia de la decisión “afectará gravemente el patrimonio de la provincia”.
El mandatario radical comenzó el año con la tensión elevada con la Casa Rosada. Es que Fernández avaló la postura de La Pampa en la obra Portezuelo del Viento, que quedó en pausa hasta que se realicen nuevos estudios ambientales, algo que caló hondo en Mendoza. Tanto que Suárez no compartió con el Presidente cuando visitó su provincia para la inauguración de una planta depuradora, algo que hizo que el jefe de Estado se quejara públicamente por esa falta de acompañamiento cuando dio su discurso en esa actividad.
Hoy, el dirigente mendocino de Juntos por el Cambio volvió a dirigir dardos hacia Balcarce 50. “Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos”, sostuvo Suárez.
“Lo dije hace un año de manera exagerada. Si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”, advirtió el gobernador este lunes, para cerrar.
La situación ya había generado quejas del senador Alfredo Cornejo, quien aseguró que de esta forma el Gobierno hace “daño” a Mendoza.
Según informó Diario Uno de esa provincia, el INAI valoró que las comunidades indígenas tienen “derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”. En la resolución también se dictamina que estos territorios serán no enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.