Según el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dentro de dos meses -para marzo- las jubilaciones nacionales, y con ellas las pensiones por discapacidad “atadas” a la movilidad jubilatoria, habrán perdido cerca de un 30 por ciento con respecto a la inflación anual acumulada.

De cumplirse el oscuro pronóstico, sería otro hachazo imperdonable que tiraría más abajo de lo que están las migajas previsionales que perciben millones de personas entradas en años en la Argentina.

Escribir sobre los jubilados/as y sus problemas en nuestro país no es fácil. La Constitución Nacional dispone que tienen derecho a remuneraciones dignas y móviles, principio ratificado por la Corte Suprema de Justicia en los casos Sánchez, Badaro I, Badaro II, Eliff, Betancourt y otros. Sin embargo…

Oportunamente, el Máximo Tribunal dispuso preservar la calidad de vida que tenía una persona cuando dejó de ser activa. Estimó entre el 70 y el 82 por ciento del salario de un trabajador/a el porcentaje a percibir.

En octubre de 2010, el Gobierno nacional acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ANSeS no apelaría las sentencias promovidas por los jubilados/as que reclamaban el cumplimiento del mandato constitucional. Pero ANSeS no cumplió y siguió apelando sentencias; peor aún, cuestionó a las y los magistrados que fallaban a favor de la parte más débil. Un disparate.

Así, las demandas comenzaron a extenderse en el tiempo y a durar entre 12 y 15 años o más. Miles de jubilados/as siguen falleciendo antes de percibir el monto que les corresponde. A esa barbarie se la conoce como “solución biológica”.

Estas muertes parecen no preocupar a quienes se suceden en el poder. Los derechos humanos son para otros/as, nunca para las y los adultos mayores.

El PEN, vía ANSeS, ha desnaturalizado el sistema previsional otorgando millonarias cifras para fútbol y automóviles para todos; dando créditos y subsidios incluso a empresas extranjeras; a concesionarias de servicios públicos, como las ferroviarias; creando asistencialismo político que no ha logrado mejorar el nivel de pobreza e indigencia; comprando depreciados bonos del Estado; ayudando a paliar crisis a gobiernos de provincias; subsidiando la compra de viviendas, automóviles, etc.

ANSeS no parece el ente encargado de recaudar fondos para el pago de jubilaciones, sino un organismo creado para solucionar problemas de caja y hacer clientelismo otorgando subsidios sin devolución, como si el dinero fuera de la clase política. Es bueno que exista ayuda social para quienes la necesitan. Pero los recursos deberían salir de otras partidas específicas del presupuesto nacional.

Culpa de tantos desatinos a lo largo de las últimas décadas, a los que cabe sumar el descontrol de la inflación, las magras jubilaciones nacionales siguen precipitándose junto al precario nivel de vida de millones de “beneficiarios/as”, ante la desidia y la indiferencia de quienes estando en el poder juegan con los aportes ajenos con absoluta y lacerante impunidad.