Durante tres cuartas partes del año pasado se acentuó la asimetría en el reparto de los subsidios al transporte público en la Argentina, resultando nuevamente el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la jurisdicción más beneficiada.

Un informe basado en datos del Ministerio de Transporte de la Nación no sólo viene a confirmar esta desigualdad sino que aumenta la sensación de impotencia en muchas provincias alejadas de la metrópolis porteña, frente a decisiones políticas que se toman en aquella.

Tamaña muestra antifederal lleva décadas y ha atravesado gobiernos democráticos de distinto signo, preocupados todos ellos por favorecer a los distritos con mayor concentración de electores/as antes que por el federalismo.

La necesidad de recrear un país federal requiere trabajar con urgencia sobre las asignaturas pendientes de la Constitución de 1994, sin que por ello se distorsione el sentido de los principios del sistema democrático que la inspiraron.

De aquella reforma subsisten grandes desafíos que, en líneas generales, perjudican al interior; uno es la falta de una nueva Ley de Coparticipación Federal. El futuro texto, que ya registra un atraso de 26 años en su sanción, debiera contemplar las promociones y aportes al desarrollo regional orientados a un crecimiento equilibrado del país.

Lo contrario supone admitir que las decisiones del Poder Ejecutivo nacional en materia de obras públicas, de asistencia social y, sobre todo, de subsidios seguirán teniendo a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense como centros poblacionales privilegiados.

Esta estrategia, que cimenta el poder de quienes pasan transitoriamente por la Casa Rosada, no fue corregida del todo por la actual administración. Aunque existen avances en el plan de obras públicas, además de intentos por reducir algunos subsidios -como el de la energía eléctrica-, el caso del transporte público sigue siendo una deuda enorme.

En el mundo, es regla general que los estados subsidien parcialmente los sistemas de movilidad masiva. En general, aportan el 30 por ciento, y el otro 70 es cubierto por el usuario. En muchas provincias argentinas, la cifra ronda el 60-40, pero en el AMBA, el usuario/a paga muchísimo menos.

La sensación de impotencia de la que hablábamos no debería significar de ningún modo resignación de los gobiernos del interior frente a semejante atropello antifederal del poder históricamente centralista.

No bastan las promesas de corregir la distorsión provocada por los subsidios nacionales. No engañan más lo amagues. No alcanzan los retoques. No conforman los aportes aislados, porque el trato sigue siendo inequitativo.

El Gobierno nacional -el actual o el que venga, sin más demora- debería plantear con sinceridad la problemática, proponer soluciones, y, fundamentalmente, actuar en consecuencia, más allá de los costos políticos que provoque cualquier medida en la dirección correcta.

No más gestos ni palabras que se lleva el viento. Será la única forma de realizar un país más federal, más justo en la distribución de subsidios y más digno para sus habitantes.