La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) firmaron esta semana que finalizó un convenio de colaboración para promover el intercambio de información forense de personas que hayan sido inhumadas sin identificar desde 1980 hasta el presente.
El acuerdo tiene como objetivo la construcción de una base de datos forenses con fines identificatorios mediante la recopilación y sistematización de información de las causas judiciales en las que se haya tramitado el entierro de personas sin identidad conocida para que pueda ser articulada con la desaparición de personas.
De la firma del convenio participó el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, en su carácter de secretario de la JUFEJUS; además de su titular, María del Carmen Battaini; la directora ejecutiva del EAAF, Natalia Federman; y otros integrantes de ambos organismos.
La doctora Federman explicó que se trata de un proceso que inicialmente buscará reunir información que está dispersa en muchas oficinas estatales y, fundamentalmente, poder acceder a información existente en los archivos de Poderes Judiciales en todas las provincias.
Paralelamente, a partir del convenio firmado, JUFEJUS impulsará la celebración de acuerdos específicos con cada Corte o Superior Tribunal provincial.
La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, la doctora María del Carmen Battaini, dijo que es auspicioso en el marco de los objetivos institucionales que recaen en brindar un servicio de Justicia, cada día, más eficiente, efectivo y cercano a nuestras comunidades, poder establecer un diálogo interdisciplinario e interinstitucional, que es enriquecedor en la construcción de caminos que lleven al cumplimiento de las metas trazadas.
Federman, por su parte, recalcó que la intención es reunir información de 1980 en adelante, pero que los hechos que sucedan en el presente también serán incluidos. “Buscaremos datos de personas que hayan podido ser enterradas sin ser identificadas y que a la vez estén siendo buscadas por sus familiares o haya denuncias de sus seres queridos por desaparición. Sabemos que hubo varios casos en la Argentina y que esta es una posibilidad real, que exista una persona que mientras está siendo buscada por una parte del Poder Judicial, otra provincia u otra instancia del Poder Judicial en otro lugar pueda estar tramitando su entierro porque esa persona ha muerto, por acción de un tercero o por un accidente o por no tener documentos encima, por alguna situación por la que no pudo ser identificada; y entonces esas dos instancias investigativas nunca se cruzan”, explicó.
Y agregó: “Ese es el interés de este convenio, a partir del conocimiento y la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura, empezar a unir esos dos caminos en un único lugar centralizado”. En este sentido, aclaró que será un proceso que implicará mucho tiempo, ya que se trata de expedientes de larga data en algunos casos, y un terreno amplio a cubrir en la extensión de todo nuestro país. De todas maneras, sentenció con convicción: “Es un proceso donde el primer paso hay que tomarlo ya mismo”.