El debate sobre cómo controlar las excedidas cuentas del Estado abarca muchos aspectos, entre ellos el manejo clientelar del empleo público.
Es una discusión que cobra actualidad nuevamente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la urgencia de achicar algunos gastos desmedidos.

Pero conviene hilar fino. Una cosa es una política de ajuste en la que se busque reducir drásticamente el personal de la administración pública para bajar el déficit, y otra muy distinta confundir con dicha política a la no confirmación de aquellas personas que son ubicadas sobre el final de una gestión por el poder de turno, con el objetivo de “acomodar” a los suyos/as.

Con todo lo criticable (muchísimo) que tiene esa práctica, también es cierto que es de vieja data en el Estado argentino y que alguna vez habrá que ponerle fin definitivamente (quizá sea el momento de comenzar a actuar en ese sentido).

Pero hoy no vamos a referirnos específicamente a dichos nombramientos sino, en particular, a una modalidad que adquirió extraordinaria magnitud en los últimos años: la de ubicar militantes partidarios en cualquier lugar de la administración con el fin de copar, de colonizar el Estado.

No se trata específicamente de personal contratado sin cubrir las formalidades de un concurso, ni siquiera de los comúnmente llamados “ñoquis”, sino de adherentes a un proyecto partidario que son designados para que cumplan un fin político dentro del Estado.

Se los suele llamar “militantes rentados/as”, pero en realidad son una mezcla de “ñoquis” y contratados porque no sólo entran por la ventana, sino que nadie los elige por su conocimiento del área donde deberían realizar sus funciones específicas, sino para que actúen como agentes políticos de un partido, o, llegado el caso, sirvan para obstaculizar la futura gestión de un gobierno de otro color.

Es un despropósito mayúsculo solventar con la plata de las y los contribuyentes a grupos de activistas, en su mayoría jóvenes, para que sigan haciendo política cobrando un sueldo asignado para otro tipo de tareas profesionales.

Decenas de miles de personas fueron nombradas, sobre todo en el Estado nacional, bajo esa modalidad en los últimos años. Si el ajuste es inevitable -como parece que lo es aunque las y los gobernantes se resistan a usar esa palabra-, desarmar estas estructuras parasitarias resulta imprescindible. Igualmente si no hubiera necesidad de ajuste, porque estamos frente a una maniobra decididamente perversa que denigra a la política en su más noble sentido.

Hay que repensar, y muy bien esta vez, la relación entre militancia y política, para que no sean palabras huecas; o lo que es peor, para que no suenen a malas palabras. Porque lo único que se ha hecho de un tiempo a esta parte es denigrarlas, ya que no es agradable suponer que la única forma de hacer que las y los jóvenes vuelvan a la política sea seduciéndolos con suculentos e inmerecidos sueldos pagados por toda la sociedad. Quienes así comienzan nunca serán cabalmente militantes de política alguna sino que formarán parte de la larga lista de los privilegiados/as por el poder.