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Miércoles 07 de Diciembre de 2022

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Desmadre piquetero



No es vieja la historia de los piquetes en la Argentina; sí es larga y tortuosa, con capítulos que no por reiterados -ni legítimos, algunos- logran ser asimilados por la sociedad.

Formosa misma viene experimentando esta semana los sinsabores de un modo de protesta que nunca conseguirá el beneplácito social, por más que algunos gobiernos, la justicia o las fuerzas públicas se muestren complacientes con quienes cortan las rutas.

En un país plagado de antinomias, la actividad piquetera sobresale con rasgos propios. Nacida al calor de la crisis socioeconómica de principios de siglo, hoy sigue siendo moneda corriente. Lo prueba el protagonismo cada vez mayor que adquieren los grupos piqueteros, compuestos en principio por sectores carenciados de la comunidad, pero que en ocasiones cobijan intereses espurios y ocultos vinculados con la factibilidad de llegar a espacios de poder a través de estos movimientos populares.

Como ya se ha advertido en esta columna, cortar rutas es un delito federal que, como tal, debería ser castigado, más allá de la obligación que tiene el Estado de conducir mejor la economía y de dar respuesta a las demandas sociales más urgentes. Pero, además, se trata de una antinomia peligrosa, porque puede llegar a enfrentar a distintos sectores de la sociedad, con impredecibles consecuencias. Una, grave, se vivió el martes último sobre el puente El Pucú cuando un conductor aceleró y atropelló a un grupo de manifestantes que reclama módulos habitacionales (ese mismo día hubo otros piquetes en el interior de la provincia, por empleo genuino y más asistencia para los comedores).

Todos reclamos legítimos, por cierto, aunque, reiteramos, fuera de la ley. En este preocupante contexto crece no sólo el malhumor social contra las y los piqueteros, sino también el enojo por la pasividad con que el Estado -nacional y provincial- contempla este estado de cosas.

A caballo de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la sensibilidad ha aumentado y no puede decirse que sin razón. De hecho, la decisión de no reprimir la protesta social, que en algún momento fue comprendida y aceptada por gran parte de la población, hoy genera expresiones de rechazo que van en aumento.

La política toda debería evaluar seriamente este nuevo clima de época que considera de manera negativa las actitudes gubernamentales pasivas frente al desmadre piquetero en nuestro país y en Formosa en particular.

Sin duda alguna que la atención a la falta de viviendas, el desempleo y las necesidades alimentarias, sobre todo, más que una misión es un deber indelegable del Estado, cuyas malas políticas han creado un desastre social en las últimas décadas. Pero esa respuesta no significa que se pueda violar la Constitución pisoteando impunemente otros derechos.

Se impone un punto de inflexión -y un espacio de reflexión- para empezar a componer esta riesgosa antinomia. Fundamentalmente se ha de lograr aplicando la máxima de Ulpiano -defendida también por Santo Tomás de Aquino-, quien decía que “la Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”.



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