El Colectivo de Discapacidad realizó este jueves una concentración en la plaza San Martín, en adhesión a la “Marcha de antorchas” que se desarrolló a nivel nacional, en el marco de una protesta convocada por familias y prestadores en todo el país, bajo el lema “Una luz por la discapacidad”.

La psicopedagoga y prestadora en discapacidad Mariana Capra dijo a La Mañana que se trata de una manifestación que busca dar visibilidad a un problema de larga data que afecta tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores de salud de estos pacientes.

Recordó que a nivel nacional se realizó una protesta instalando durante once días una carpa blanca frente a la Casa Rosada, por las demoras “de tres meses” en el pago por las prestaciones que realizan, a lo que se suma ahora la posibilidad de que no cobren por sus servicios debido al ajuste presupuestario del Gobierno nacional en esa área.

“La situación de los prestadores y del colectivo de discapacidad es crítica”, advirtió, y denunció “la precarización a la que estamos siendo sometidos los profesionales desde hace mucho tiempo”.

Capra puso de relieve la “masiva respuesta y el apoyo contundente que recibimos por parte de la sociedad ante nuestro reclamo, pero no sucede lo mismo de parte del Estado, que es el que tiene que darnos las respuestas”.

Explicó que “todas estas demandas tienen que ver con garantizar el acceso al derecho a la salud de las personas con discapacidad”, y denunció que distintos organismos nacionales responsables “salieron a lavarse las manos y a tirarse la pelota y decir que está todo bien”.

En ese sentido, y con respecto a reclamos realizados ante delegaciones de organismos nacionales en Formosa, la psicopedagoga y prestadora en Discapacidad reveló que “a la Superintendencia de la Salud lo único que le preocupa es que se diga que el Gobierno está haciendo un ajuste que afecta a los discapacitados, pero la realidad es que ese ajuste existe y los estamos viendo”.

Durante la manifestación de este jueves a la tarde, se dio a conocer un comunicado en el que se explica que la movilización se realiza “por la sanción a las Obras Sociales que vulneran derechos al negar prestaciones, insumos y medicamentos, poniendo en riesgo la vida de sus afiliados, y por la judicialización de los derechos y cada familia que tiene que recurrir a un amparo, cuando las leyes existen y deben cumplirse”.

“También marchamos por cada padre/madre que peregrina en Obras Sociales, Juzgados y Espacios Terapéuticos por el bienestar de sus hijos/as y por pensiones dignas y cupos laborales que permitan el desarrollo pleno de las Personas con Discapacidad”, añadieron.

Asimismo, se reclama la regularización de los pagos, aumento de aranceles y pago a mes vencido para que los prestadores puedan continuar brindando sus servicios, por la incorporación de los AT, Hidroterapia y Equinoterapia al nomenclador nacional y por la regulación de las Obras sociales provinciales.