Diversas políticas a lo largo de las últimas décadas han intentado paliar el déficit habitacional en la Argentina. El último indicador conocido se basa en el censo 2010, porque las cifras del realizado en mayo último todavía no han sido difundidas oficialmente. Hace once años, el déficit habitacional total alcanzaba a 3.500.000 familias. Un número que difícilmente haya variado demasiado, pues si bien se han construido miles de viviendas en la última década, miles de nuevas familias pasaron a formar parte del mencionado déficit en el mismo período.

La importancia de la vivienda radica en que ya no es sólo un bien económico: se ha convertido en un elemento integrador de las familias. Por eso cada tanto se reestructuran o lanzan nuevos planes destinados a cubrir esta necesidad social. Sin embargo, para determinados sectores, es notable cómo crecen las dificultades para acceder al techo propio, y aun para adquirir un terreno. Ergo, las soluciones habitacionales continúan siendo insuficientes.

Durante la gestión de Mauricio Macri fue esperanzadora la decisión de unificar en un área -el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda- el manejo de los fondos que serían destinados a los planes Procrear, Solución Casa Propia y Desarrollos Urbanos, para atender distintas necesidades según el nivel de ingresos del grupo familiar.

El programa que volvió a generar expectativas por entonces fue el Procrear, creado durante el gobierno de Cristina Fernández. Sin embargo, hubo un cambio clave: se decidió que los créditos hipotecarios comiencen a actualizarse en función del indicador inflacionario del Banco Central -denominado UVA (unidades de valor adquisitivo)-, más una tasa de interés.

Ese ajuste por inflación detonó un brutal incremento de las cuotas, producto del aumento incesante y creciente de los precios de los bienes y servicios.

El descalabro fue tal que las condiciones del Procrear volvieron a cambiar a partir de 2020 y hoy las cuotas de los nuevos créditos ya no se actualizan por inflación. Pero miles de familias quedaron “enganchadas” en los UVA y hoy reclaman una solución urgente, ya que hay casos extremos en que el monto de la cuota mensual superó al sueldo de la persona que accedió al crédito hace cinco o seis años.

Atenta a la angustia de esta gente, una jueza de Misiones hizo lugar recientemente a una medida cautelar y puso un tope a las cuotas de los créditos hipotecarios UVA de seis familias, para que el monto de aquellas no supere el 25 por ciento de los ingresos netos del grupo familiar.

Por su lado, algunos gobiernos provinciales, otorgaron en su momento subsidios a quienes no podían pagar las cuotas. Pero esta suerte de salvataje financiero, acotado, no resolvió el problema de fondo, que es la bola de nieve en que se han convertido los créditos hipotecarios UVA.

El Estado nacional, responsable al fin y al cabo del desbarajuste -por más que éste se haya disparado durante el anterior gobierno-, debe tomar cartas serias en el asunto para que miles de familias argentinas puedan volver a dormir en paz, sin esa Espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas.